La semana ‘horribilis’ del independentismo en los tribunales
El Supremo rechaza en menos de una semana la recusación de Llarena, la denuncia contra el propio TS de Torrent y la querella de Torra contra Rajoy
Envalentonado tras la negativa de la justicia alemana a entregar al expresident Carles Puigdemont por rebelión y el portazo de la justicia belga a la euroorden dictada contra los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, el independentismo se ha abonada el último mes a una ofensiva judicial con tres frentes anunciados a bombo y platillo. Pero, en menos de una semana, los tres han acabado diluidos como azucarillos.
El último de esos frentes en caer ha sido, este martes, la denuncia presentada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, contra el juez Pablo Llarena y tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo (TS), archivada por un defecto de forma.
Antes, el lunes, cayó la querella que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentó contra Mariano Rajoy y su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que no fue admitida a trámite. Y el jueves, fue la recusación presentada por Serret y Comín contra Llarena la que fue rechazada.
Recusación fallida por «fraude procesal»
Esa maniobra es, de hecho, la más rocambolesca de la lista. A principios de junio, Puigdemont y los exconsellers expatriados anunciaron una demanda civil ante un tribunal belga contra el juez instructor de la causa contra los líderes independentistas en el Supremo, al que le acusan de “falta de imparcialidad” y de haber vulnerado la presunción de inocencia de los dirigentes procesados.
Comín y Serret solicitaron la recusación de Llarena, con el argumento de que ahora tenía un pleito abierto con ellos que le inhabilitaba
En base a ese nuevo procedimiento, Comín y Serret solicitaron la recusación de Llarena, con el argumento de que ahora tenía un pleito abierto con ellos que le inhabilitaba. Ni diez días tardó Llarena en rechazar la petición por considerarla un “fraude procesal”.
Llarena alegó que, para que una causa pendiente entre él y sus procesados pudiera ser motivo de recusación debería haber sido abierta antes del inicio de la instrucción, y no seis meses después, y dio carpetazo al asunto.
De querella a denuncia con defecto de forma
El otro ataque a Llarena del que el magistrado se ha zafado como quien aparta a una mosca ha sido la denuncia que el presidente del Parlament, Roger Torrent, presentó el viernes contra él y otros tres jueces del TS por “prevaricación judicial”.
La denuncia tenía que ser inicialmente una querella. Eso es lo que pretendía la mayoría independentista en la Mesa del Parlament, que entiende que el TS vulneró los derechos del expresidente de la ANC Jordi Sànchez al denegarle dos veces la libertad condicional para que pudiera asistir a sendos plenos de investidura.
Los Servicios Jurídicos del Parlament recomendaron que la demanda la presentaran los grupos o Sànchez a título individual
La Mesa aprobó la medida pese a las advertencias de la oposición, que avisó que el Parlament podría estar incurriendo en malversación si destinara recursos a esa vía judicial, y de los Servicios Jurídicos del Parlament, que recomendaron que la demanda la presentaran los grupos o Sànchez a título individual, y recordaron que la cámara no tiene abogados penalistas.
El viernes, Torrent, sin haberlo notificado previamente a la oposición, presentó una denuncia y, de gira por teles y radios, explicó que optó por esa fórmula y no la de la querella “por una cuestión de legitimidad política” y por consejo de los abogados.
El alto tribunal dice que lo que debería haber presentado Torrent (y que sigue pudiendo presentar) es una querella
Este martes, el Supremo, sin ni siquiera estudiar si admitirlo a trámite, archivó el asunto por un defecto de forma. El alto tribunal dice que lo que debería haber presentado Torrent (y que sigue pudiendo presentar) es una querella, que es el mecanismo previsto en el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para pedir responsabilidades penales contra jueces y magistrados.
Torrent reaccionó diciendo que ya contaba con que el TS pudiera usar esa “excusa” para desestimar la denuncia, y que estudiará otras vías, que no precisó, para pedir responsabilidades a Llarena y compañía.
Torra: decreto y querella fallidos
El revés a Torrent llegaba el día después de que el Supremo archivara también la querella de Torra contra Rajoy y Sáenz de Santamaría por no haber publicado el primer decreto de nombramiento del Govern que incluía la restitución de Comín, Puig, Josep Rull y Jordi Turull, los dos últimos, en prisión.
Tras firmar un segundo decreto, ya sin exconsellers restituidos, Torra anunció que la primera decisión de su Govern sería querellarse contra Rajoy y su número dos al entender que negándose a publicar el decreto, habían incurrido en un delito de “prevariación por omisión”.
Finalmente, Torra ni siquiera esperó y presentó la demanda antes de la toma de posesión de su Ejecutivo. Y la semana pasada, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, anunciaba que los propuestos como consellers en aquel primer decreto fallido de Torra, incluídos Comín, Puig, Rull y Turull, se personarían en la querella.
El Supremo suscribe la argumentación de Rajoy, y dice que publicar el decreto no era un acto reglado y obligatorio
Pero el Supremo suscribe la argumentación que dio el gobierno de Rajoy, y dice que publicar el decreto no era un acto reglado y obligatorio, como entendía la Generalitat, sino que la vigencia del 155 habilitaba al Ejecutivo central a negarse a hacerlo si consideraba los nombramientos propuestos por Torra vulneraban el ordenamiento jurídico.
La reacción del Govern, fue cuestionar la independencia del Supremo. La portavoz Artadi por acusó al alto tribunal de “complicidad” con el gobierno central y consideró la decisión un “nuevo amparo por parte de una estructura del estado en la que claramente no hay independencia judicial”.