La CUP deja a Quim Torra sin margen para gobernar
La intervención financiera y la amenaza de un 155, por un lado, y el desencanto de la CUP por otro complican el horizonte de un Govern entregado a la retórica
«Restitución» de los exconsellers y del expresidente Carles Puigdemont y avanzar hacia la república. Si hacemos caso de sus declaraciones, esas siguen sienda las innegociables prioridades declaradas de Quim Torra y de Junts per Catalunya (JpC) para el gobierno que el presidente de la Generalitat anunció el martes y que, esta vez sí, tiene el plácet del gobierno de Mariano Rajoy para constituirse en breve.
Este miércoles, para contrarrestar la sensación de capitulación que transmitió la renuncia de Torra a seguir manteniendo el pulso con Rajoy, tocaba insistir. Y lo hicieron tanto el propio president como su grupo parlamentario. Pero el margen de maniobra del futuro ejecutivo catalán será ínfimo. Y también este miércoles se encargaron de dejarlo claro tanto el PP y el Gobierno, por un lado, como la CUP por otro.
El Govern operará bajo la espada de Damocles de un nuevo 155
Lo primero es el marcaje en corto. El Govern operará bajo la espada de Damocles de un nuevo 155, más teniendo en cuenta que Cs no habría levantado el actual, y que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió que «ya no es un tabú». Cierto que el recorrido que le queda al gobierno de Rajoy puede ser un suspiro, en función de lo que pase hoy y mañana con la moción de censura en el Congreso, pero el PSOE de Pedro Sánchez no está tampoco por la labor de hacer concesiones a los independentistas.
Con ese panorama, y con unas cuentas que seguirán fiscalizadas mes a mes por el ministerio de Hacienda, se entiende que el énfasis se ponga en entidades meramente oficiosas, como el consejo de la república, ese sanedrín dirigido por Puigdemont a la manera de un gobierrno en la sombra y el extranjero, o esa asamblea de electos a la que se le encargará la redacción de un borrador de constitución catalana, según contó Torra.
Política de gestos
La insistencia se pone también en una política de gestos que no excluye recurrir cuando sea factible a la via judicial, como con la querella contra Rajoy cuya presentación el president ya anunció que será la primera medida que tome su gobierno. O la que Torra anunció ayer miércoles contra Alfonso Guerra.
Otra cosa será tirar adelante un programa de gobierno. La renuncia a usar el voto delegado del exconseller Toni Comín, por ahora en el congelador, deja a JpC y ERC sin mayoría en el Parlament, y a expensas de un sí de la CUP para aprobar cualquier medida. Y los antisistema advierten que seguirán ejerciendo de oposición porque, más allá de la retórica, no ven que Torra ni los dos socios de gobierno den ningún paso efectivo «ni para construir república ni para dar respuesta a las necesidades de las clases populares», en palabras del portavoz cupero, Vidal Aragonès.
Herramientas
La CUP sí se ha ofrecido para recuperar las leyes sociales bloqueadas en el Tribunal Constitucional (TC), otro de los compromisos que Torra asumió en su investidura, y que tampoco se ha explicado como se conseguirá.
Con eso, como con todo. Ayer miércoles, Albert Batet, que asumirá el liderazgo del grupo parlamentario de JpC cuando Elsa Artadi sea nombrada consellera de Presidencia, reiteraba que no han renunciado a la restitución, y que es su «compromiso ineludible» para esta legislatura.
Pero cuando le preguntaron con qué herramientas contaban los independentistas para hacer lo que no han hecho hasta ahora, se limitó a nombrar dos: la reforma del reglamento del Parlament, para la que está por ver que consiga los votos suficientes, y la de la ley de presidencia que JpC diseñó para permitir una teleinvestidura de Puigdemont, y que está recurrida al Constitucional.
