La Generalitat cesa a su interventora antes de que declare por el 1-O
Rosa Vidal deja la intervención general de la Generalitat, por jubilación, poco antes de declarar ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del referéndum
La Generalitat ha cesado a su interventora general, Rosa Vidal, pocos días antes de que declare ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del referéndum del 1 de octubre (1-O) de 2017.
Según consta en el decreto de cese firmado por el presidente Quim Torra, Rosa Vidal, de 67 años, deja su cargo a petición propia por jubilación.
Curiosamente, el cese se produce una semana antes de que declare ante el Tribunal de Cuentas. También están citados Carles Puigdemont –aunque no asistirá– y todos los consejeros de su último gobierno, incluidos los que cumplen penas de cárcel y los que están en libertad, así como quince exaltos cargos.
Vidal estaba al frente de la intervención general desde que, en 2016, el entonces vicepresidente Oriol Junqueras le confió esta responsabilidad. Vidal figura entre los investigados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O. En su momento, certificó que no se destinó dinero público al referéndum.
El Diario Oficial de la Generalitat publica este jueves el cese de Vidal y el nombramiento de su sucesor al frente de la intervención general, David Canada, que hasta ahora ocupaba la dirección general de Intervención. Este último cargo fue creado en 2017 por Junqueras.
Dos años antes, el Tribunal de Cuentas acusó Canada de cobrar unas dietas de forma irregular. Fue durante su etapa de interventor del Patronato de la Montaña de Montserrat. El caso fue sobreseído después de devolver 2.750 euros de las dietas.
Ese último incidente no impidió que le nombraran director general de Intervención ni que ahora se le designe interventor general de la Generalitat, que es el órgano que controla el dinero público que maneja el gobierno catalán.
Acción del Tribunal de Cuentas
Por lo que respecta a los gastos del referéndum del 1-O, el Tribunal de Cuentas citó para la próxima semana a Puigdemont y a sus consejeros, además de altos cargos, entre ellos a Vidal para aclarar quién pagó las facturas.
El Tribunal Supremo condenó a diversos de los acusados del juicio del procés por malversación de caudales públicos aunque no se les fijó una responsabilidad económica. La Fiscalía y la Abogacía del estado efectuaron las reclamaciones de cantidad ante del Tribunal de Cuentas.
Sociedad Civil catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaron un recurso ante el Tribunal de Cuentas para que también se les reclame los 87 millones de euros que costó la operación Copérnico, por la que se movilizaron 6.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum.
