SCC reclama al gobierno Puigdemont 90 millones por los costes del 1-O
SCC reclama al Tribunal de Cuentas que el expresident y sus exconsellers abonen 3 millones por el referéndum y 87 por el despliegue policial para frenarlo
Las entidades Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución han pedido al Tribunal de Cuentas que reclame casi 90 millones de euros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a su Govern por los gastos del 1-O y también del despliegue policial que destinó el Gobierno para impedirlo.
En su escrito, cuyo contenido ha avanzado EFE, ambas entidades consideran que Puigdemont y sus exconsellers causaron un «menoscabo» de cerca de tres millones a la Generalitat por la organización del 1-O y perjudicaron además a las arcas de la administración del Estado, por un importe de 87 millones, por los gastos del «desplazamiento, manutención y estancia» de los guardias civiles y policías destinados a Cataluña para impedir la votación.
Hace apenas un mes, el Tribunal de Cuentas condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, a devolver los casi 5 millones de euros gastados en la consulta soberanista del 9N, en un proceso que también impulsaron SCC y Abogados Catalanes por la Constitución.
Facturas de la Generalitat
Los denunciantes reclaman que los exmiembros del govern devuelvan a la Generalitat los 900.000 euros en que han sido valorados pericialmente los gastos de puesta en marcha de los 2.259 locales que se prepararon para acoger las urnas de la votación, además de los gastos de las campañas de publicidad institucional, en los que incluyen 127.810 euros por la publicación de una conferencia sobre el 1-O en medios internacionales, así como el de la campaña de registro de residentes en el exterior y del anuncio del referéndum, de 269.196 y 336.143 euros, respectivamente.
Por los gastos de papeletas y citaciones electorales que supuestamente el Govern encargó a Unipost, los denunciantes reclaman 979.661 euros y consideran que el hecho de que esas facturas fueran posteriormente anuladas no impide «que el crédito de la empresa contra el erario público exista». Además, el escrito pide al Tribunal de Cuentas que obligue al Govern de Puigdemont a pagar 38.431 euros por los gastos de cartelería del referéndum y al menos 280.645 euros por la inversión en acción exterior desarrollada por el ejecutivo catalán para promover las tesis independentistas internacionalmente.
El coste de la operación Copérnico
Todo eso, por lo que respecta a los gastos de la Generalitat. Pero el grueso de la reclamación corresponde al coste de la llamada operación Copérnico, que implicó desplazar a Cataluña a 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum ilegal.
Los denunciantes estiman en 87 millones de euros los gastos de la operación -tal y como detalló en el Senado el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido-, la mayoría (43,3 millones) correspondientes a las dietas de los agentes, a los que se sumaron los 26,5 derivados de los gastos de los barcos en que se alojaron.
