El fiscal rebaja las penas para Narcís Serra y Adolf Todó
La fiscalía solo pide tres años de cárcel para Narcís Serra y Adolf Todó por los sobresueldos que se atribuyeron en Catalunya Caixa
La Fiscalía rebajó de cuatro a tres años la petición de cárcel para el expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y el exdirector general, Adolf Todó, en sus conclusiones definitivas durante el juicio por los sobresueldos que cobraron de esta entidad bancaria ya desaparecida.
Este viernes, el fiscal Fernando Maldonado modificó a la baja sus peticiones iniciales para los dos principales acusados, Serra y Todó, a los que atribuye dos delitos de administración desleal en concurso con apropiación indebida. Los considera «autores dolosos, materiales y directos» de los sobresueldos que aprobó la entidad bancaria en 2010 pese a la crítica situación por la que atravesaba. El juicio por los sobresueldos se desarrolla en la Audiencia de Barcelona desde el pasado 4 de octubre.
«Los administradores de Catalunya Caixa no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales», afirmó el fiscal. Recalcó que la política salarial respecto a los directivos provocó «una grave lesión a los intereses de la entidad».
Serra y Todó tenían, según la fiscalía, «el dominio completo» de la antigua caja. Estos dos directivos «se pusieron de acuerdo para subirse el sueldo contra viento y marea» en un momento de «crisis extraordinaria» y «práctica insolvencia» de la entidad.
Además de los tres años de prisión, el fiscal Maldonado solicitó para los dos exdirectivos el pago de una multa de 67.500 euros.
La Fiscalía centró su atención en dos acuerdos tomados por el consejo de administración de esa entidad financiera: uno adoptado el 19 de enero de 2010, meses antes de que el FROB inyectara 1.250 millones de euros en la caja, y otro el 13 de octubre de 2010.
En ambas reuniones se autorizaron subidas del sueldo fijo y el del variable a los exdirectivos Adolf Todó y Jaume Massana, fichados en 2008, que causaron un perjuicio de cerca de 439.000 euros, en el caso del primero, y de 344.000 euros, en el del segundo.
Serra contrató a Todó
El expresidente Narcís Serra acordó en 2008 la contratación de Todó como director general y de Masana como consejero delegado con unas condiciones económicas inapropiadas, según la fiscalía, por la situación económica de la entidad en aquel momento.
Todó, por ejemplo, obtuvo unos ingresos totales de 4,07 millones entre 2008 y 2012, a los que hay que sumar 1,99 millones de las aportaciones realizadas al plan de pensiones.
Por su parte, Massana, nombrado director general de la entidad en 2011 y anteriormente director general adjunto, percibió en ese mismo período 2,89 millones de euros y una aportación al plan de pensiones por 633.000 euros. Sin embargo, este último no está acusado porque no formaba parte del consejo de administración de la entidad.
Narcís Serra, que fue ministro y vicepresidente del Gobierno de Felipe González, presidía las comisiones y el consejo de administración. Por ello, recibía dietas. A partir de 2007 se estableció para él un salario como presidente no ejecutivo. Entre 2007 y 2010, percibió más de un millón de euros, según datos de la fiscalía.
Alertas del Banco de España
El fiscal recordó que todos los informes del Banco de España, del FROB y de auditores externos alertaban de la situación adversa que atravesaba Catalunya Caixa, con una morosidad muy alta, pérdida de fondos propios y deterioro de activos. Eso no impidió que la cúpula directiva se aumentara su sueldo.
Esta situación llevó a la antigua caja a pedir al FROB 1.250 millones para reforzar su capital en 2010, y 1.700 y 9.000 millones después. Se aplicó un ERE que afectó a 1.630 trabajadores.
Además de Serra y Todó, también se juzga a 39 miembros del consejo de administración. El fiscal los considera cooperantes necesarios de los delitos y les pide penas de un máximo de 2 años y 3 meses.
En su intervención, la Fiscalía fue especialmente crítica con los miembros del consejo por acudir a las reuniones y votar sin informarse de los acuerdos ni leer los balances económicos.
Rapapolvo a los exconsejeros
«La aceptación del cargo es voluntario. A nadie le obligan a asistir». Añadió que cobraron dietas de 1.721 euros por acudir a las reuniones y que algún consejero llegó a recibir cerca de 80.000 euros en unos pocos meses. El Ministerio Público solicita además que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con 783.000 euros, que deberán abonar de manera conjunta y solidaria.
El fiscal pidió al tribunal que tenga en cuenta que el directivo Jaume Massana faltó a la verdad durante el juicio para beneficiar a uno de los acusados al asegurar que ni él ni Todó participaron en una de las reuniones del consejo de administración en las que se acordó una de las subidas salariales.
