El Tribunal de Cuentas pone bajo lupa los contratos del último CIS
Un juzgado madrileño remite una denuncia contra el presidente del CIS al Tribunal de Cuentas para que analice los contratos de la última encuesta
La controvertida última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha llegado al Tribunal de Cuentas, que analizará los contratos suscritos para realizar el sondeo por si hubiese responsabilidad contable. Este barómetro, más allá de pronosticar una subida del PP en detrimento de PSOE y Unidas Podemos, fue polémico por varios motivos, entre ellos porque incluyó una pregunta sobre si es necesario mantener la libertad de información, catalizadora de duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.
Tras publicarse la encuesta, el letrado Esteban Gómez Rovira presentó una denuncia por un presunto delito contra los derechos individuales y también por malversación contra el presidente del CIS, el chef socialista José Félix Tezanos. El juzgado de instrucción número 34 de Madrid ha archivado la denuncia, considerando que no existe la malversación alegada, pero la ha enviado ahora al Tribunal de Cuentas para que ponga bajo la lupa los contratos del CIS durante la elaboración del sondeo.
La jueza ha considerado que Tezanos adjudicó la encuesta «en ejercicio de las facultades que tiene atribuidas por el cargo que ocupa, autorizado a realizar contrataciones públicas», informa El Mundo, y recuerda que ya antes se archivó una denuncia similar contra el responsable del CIS. En su escrito de denuncia, el abogado apuntaba que debía pedírsele a Tezanos el contrato realizado con la sociedad Intercampo S.A. para realizar el barómetro especial de abril, además de la cuantía del mismo.
Contra las preguntas «capciosas» del CIS
El letrado Gómez Rovira acusó en su denuncia al CIS de plantear preguntas «capciosas y fuera de lógica», asegurando que el Centro ahora «no estudia tendencias, las crea». También afirmó que Tezanos está utilizando «una metodología de encuesta durante la vigencia del estado de alarma ajena técnicamente a cualquier convención profesional». Lo decía a la luz de preguntas como la citada sobre la libertad de información, que consideró una forma de sondear «una restricción del derecho a la libertad de expresión».
El abogado pedía que se aportara la ficha técnica de la encuesta para someterla a examen pericial independiente y que se pida a Intercampo S.A. que compilara todos los datos relacionados con la ejecución del contrato, incluyendo el nombre de todos los encuestadores y registros de llamadas, para acreditar su veracidad. El juzgado ha señalado que, aunque las preguntas puedan ser «capciosas», «lo cierto es que no se pone en duda que las respuestas hayan sido falsedades».
