El CIS pregunta si hay que mantener la libertad de información
"¿En estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos (...) o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de informaciones?"
«¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?» Es una de las preguntas de la última encuesta del Instituto de Estudios Sociológicos (CIS) y su introducción ha hecho saltar las alarmas sobre una posible actitud censora del Gobierno.
El debate abierto por el CIS sigue el relato que el Gobierno ha venido defendiendo en los últimos días. Desde el Ejecutivo, que ha recibido muchas críticas por su gestión de la comunicación y la transparencia de la crisis sanitaria, se muestran convencidos de que hay que perseguir las informaciones dudosas del coronavirus.
Se trata de un tema, cuando menos, complejo. El hecho de que sea el propio Gobierno quien decida qué información es válida o no sobre el coronavirus sienta un precedente peligroso, como han manifestado diversas voces, al igual que los distintos partidos de la oposición.
Sobre la reacción de los españoles, cabe decir que la mayoría ha respaldado el sí al control de la información, probablemente debido a la orientación de la pregunta del CIS, que solo daba dos opciones: no controlar ningún tipo de información o permitir que solo existiese la que aporta el Gobierno.
El 66,7% de los encuestados cree que «habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información», si bien el 30,8% considera que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información. El porcentaje restante no sabe, no contesta o duda qué responder.
200 bulos por el coronavirus
La pregunta del CIS se enmarca en el propósito del Gobierno que anunció el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, quien habló de monitorizar las redes sociales en España, con el objetivo de frenar la desinformación sobre la pandemia.
Grande-Marlaska dio esta semana las primeras cifras recopiladas por la Oficina de Coordinación Cibernética, la encargada de vigilar las fake news sobre el coronavirus. «Durante el estado de alarma, la oficina de coordinación cibernética ha registrado 200 eventos de desinformación grave sobre vacunas caseras, información sobre nuestros sanitarios y documentos oficiales modificados», explicó.
Sobre si esta información se ha tratado con fines de confrontación política, el ministro descartó esta opción, aunque muchos ejemplos que han aparecido por la red dicen lo contrario.
El titular de interior afirmó en un primer momento que el Gobierno estaba llevando a cabo una monitorización de las redes sociales “con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos”, así como aplacar las “campañas de desinformación”.
En aquella ocasión, el ministro matizó que eran las propias plataformas, redes sociales como Twitter o Facebook, quienes, siguiendo sus propios protocolos de actuación, acordaban o no la retirada del contenido. «No es el Gobierno ni el Ministerio del Interior ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, precisó en la rueda de prensa telemática desde La Moncloa.
Cómo actúa el Gobierno
Fuentes ministeriales explicaron a este medio durante esta semana que las palabras del ministro se refieren a una práctica que desde Interior se lleva a cabo de forma periódica. «La monitorización — ciberpatrullaje — se hace tanto por las unidades tecnológicas de Policía Nacional y Guardia Civil como por los servicios centrales especializados del Ministerio del Interior», explicaron.
Sobre cómo se actúa, desde Interior dijeron que estas informaciones «solo se ponen en conocimiento de las instancias judiciales y fiscales cuando se percibe que pueden revestir un ilícito penal».
En el caso de que no lo tenga, añadieron, se valora para su utilización por parte de los responsables de las redes sociales de Policía Nacional, Guardia Civil y del propio Ministerio —mensajes en Twitter desmintiendo dicha información, por ejemplo—, quienes además emiten periódicamente recomendaciones para que los ciudadanos sepan detectar los bulos.