El Supremo inhabilita a Quim Torra como presidente de la Generalitat

Más de un año después de su acto de desobediencia y tras dos años y medio al frente del Govern de la Generalitat, Quim Torra ha sido condenado este lunes por el Tribunal Supremo a una pena de un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

El Supremo ha ratificado por unanimidad la condena del Tribunal Superior de Justicia y Cataluña queda ahora condenada a varios meses de bloqueo político, puesto que Torra se ha negado a convocar elecciones y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, deberá asumir la presidencia en funciones.

Esta situación de interinidad se alargará durante un mínimo de cuatro meses, obligará al Parlament a sondear si existe un candidato alternativa y, finalmente, desembocará en una convocatoria automática de elecciones que fuentes parlamentarias sitúan entre finales de enero y comienzos de febrero.

El alto tribunal ha sentenciado que Torra desobedeció en marzo de 2019 las órdenes de la Junta Electoral, máxima autoridad en periodo de comicios, que ordenó retirar pancartas y lazos amarillos del Palau de la Generalitat a las puertas de las generales del 28-A. Pero el president desobedeció y optó por activar una campaña de propaganda contra la «represión» del Estado.

La resolución señala que Torra desobedeció de forma «contumaz y obstinada» a la Junta Electoral y dice que el líder catalán es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales. Por ello, confirma la inhabilitación y la multa de 30.000 euros que inicialmente se le impuso por un delito de desobediencia.

El en breve expresident —el Supremo debe notificar al Tribunal Superior de Justicia y al Parlament de Cataluña su decisión— pasará a la historia no solo por haber sido inhabilitado tras negarse a retirar la simbología independentista de edificios públicos en campaña electoral, sino también por su inacción. Por poner un ejemplo, la primera ley de su Govern fue aprobada 14 meses después de su investidura.

Torra llegó a la presidencia por expreso deseo del líder huido Carles Puigdemont, interesado en seguir controlando la política catalana. En realidad, Puigdemont había propuesto el cargo a otras figuras en busca de la confrontación continua con el Estado. Lo ofreció, por ejemplo, a los presos Jordi Turull o Jordi Sànchez.

Torra, adicto a las pancartas

Esta sucesión de candidatos imposibles de convertir en presidente provocaron que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras aplicar el artículo 155 de la Constitución, no acabaran en un pleno efectivo de investidura hasta el 14 de mayo de 2018, cuando Torra fue escogido en segunda votación, con mayoría simple y el apoyo externo de la CUP, que se abstuvo. Prometió ese día la «constitución catalana» y avanzó que la sentencia del procés sería un hito.

Su primera maniobra contra la realidad —o a favor del realismo independentista, si se quiere— fue proponer como consejeros al citado Turull y Josep Rull, exconsellers ambos y en aquel entonces en prisión preventiva por el 1-O (ahora condenados a 12 y 10 años de prisión, respectivamente) y a los fugados a Bélgica con Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. El Estado no lo permitió y Torra rectificó, pese a que la CUP le animó a desobedecer.

El Govern tomó posesión el 2 de junio y el 155 llegó ahí a su fin. Los simbolismos lo fueron todo desde el primer minuto. Este periódico narró, por ejemplo, cómo Torra convirtió la toma de posesión en un homenaje a los políticos presos catalanes con cantos de «libertad», lazos amarillos y declaraciones de familiares de los dirigentes ahora condenados por sedición y malversación. También prometió cumplir con el «mandato del 1-O».

Desde luego, Torra no cumplió ni con el «mandato» de un referéndum ilegal ni creó la «constitución catalana» ni consiguió cumplir su promesa de meter a los presos en el Govern cuando tuviese el momento. Y es que Torra fue todo estética, nulo fondo. La polémica pancarta con el lazo amarillo y el mensaje pro-presos la colgó en el balcón del Palau de la Generalitat desde el día uno. La misma que se negó a descolgar en la campaña del 28-A.

En su segunda semana al frente del Govern, Torra reactivó el aparato diplomático de la Generalitat que permitía las llamadas «embajadas» catalanas en el exterior. Esa semana también se mostró dispuesto a convertir el 1 de octubre en «fiesta nacional de Cataluña» y se ensarzó con Josep Borrell por el uso del catalán. La pugna con Borrell se extendió a otros asuntos y se alargó mientras el socialista fue ministro de Exteriores.

Y así, todas las semanas. Desde exigir disculpas al Rey por su discurso del 3 de octubre de 2017 hasta, más recientemente, asegurar que una Cataluña independiente habría exhibido una gestión ejemplar de la pandemia del coronavirus. Y lo dicho: 14 meses sin aprobar una sola ley propuesta por su gobierno, y los 16 meses restantes dividiéndose entre la confrontación con el Estado y la emergencia sanitaria que golpeó duramente la región.

Las elecciones que nunca convocó

Ya desde mediados de 2019 la ANC y la CUP exigían elecciones a Torra. Una parte del independentismo sugería que la respuesta a la sentencia del 1-O debía pasar por las urnas para formar un Govern separatista más fuerte que continuase en la senda de la unilateralidad. También sus socios de ERC daban por agotada la legislatura desde antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, y no cambiaron nunca de opinión realmente.

No fue sino hasta que su teatro de las pancartas y los lazos adquirió consecuencias legales que Torra reconoció la necesidad de un adelanto electoral. En noviembre de 2019, varios meses después de finalmente retirar la propaganda independentista de los edificios públicos, el independentista reconoció ante el TSJC que había desobedecido a la Junta Electoral. En diciembre, el tribunal le condenó a 18 meses de inhabilitación.

Ese mismo mes de diciembre, la Junta Electoral pidió aplicar inmediatamente la inhabilitación, pero el Parlament solo le retiró el escaño de diputado en enero y le permitió seguir siendo jefe del ejecutivo catalán mientras recurría la sentencia. Si con ello ganó tiempo, con la pandemia lo hizo más, puesto que la vista de su caso no se pudo celebrar hasta el pasado 17 de septiembre, tras la cual el alto tribunal ha dejado en firme su inhabilitación.

Torra admitió a finales de enero que la legislatura ya no tenía recorrido y afirmó que convocaría los comicios pero no puso fecha. La Covid-19 hizo imposible seguir adelante con este plan en aquel momento, pero tras el fin del confinamiento sus socios de Esquerra siguieron presionando en esa dirección, sin éxito. El president rechazó convocarlas y pidió a los suyos no presentar candidatos alternativos cuando fuese inhabilitado.

El independentismo no da visos de estar por la labor de proponer otro presidente de la Generalitat, por lo que el Parlament previsiblemente activará el proceso automático de más de dos meses para convocar elecciones, bloqueando así la política catalana hasta principios de 2021 y dejando a Cataluña con un gobierno en funciones en plena segunda ola de la pandemia del coronavirus.