El PP noquea al empresariado catalán en la cara de Sánchez-Camacho

Cerrazón. Bronca, incluso, cuando surge la posibilidad de que Catalunya pueda obtener un pacto fiscal que la singularice dentro del sistema de financiación autonómico. La dirección del PP, pese a que, en privado, asegura otra cosa muy distinta, ha noqueado al empresariado catalán que busca una vía de diálogo para se concrete en una alternativa política frente a la sólida pujanza del proyecto independentista que defiende el President Artur Mas.

Las patronales Foment y Pimec , y también la Cambra de Comerç, han defendido en los últimos meses, con mayor o menor contundencia –en función del desapego que se ha creado ya en buena parte de la sociedad catalana– un pacto fiscal para Catalunya.

Lo ha hecho Joaquim Gay de Montellà, Josep González y Miquel Valls. En esa propuesta, que también apoya el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se defiende el principio de ordinalidad. Es decir, que no se pierdan posiciones, en el ránking de autonomías, después de aportar al fondo de solidaridad. O, dicho de otro modo, que se limite esa solidaridad, y que se ofrezca la mayor transparencia sobre en qué se destinan los recursos, siguiendo lo que se hace en Alemania. La idea es que, si se ofrecen recursos, debe haber también resultados en un tiempo determinado. Que la solidaridad, vaya, no sea eterna ni caiga en un saco roto.

Un empresario catalán, de los que viajan constantemente a Madrid, asegura, de forma amarga, que «la estrategia de la tensión, de estirar cada vez más la cuerda, no tiene ningún sentido».

Sánchez-Camacho, desactivada

Y resulta que quien ha pedido esa fórmula, “porque lo que no se puede hacer es no hacer nada y quedarse con los brazos cruzados frente al movimiento independentista”, es la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sin embargo, ha desacreditado la propuesta. La desautorización a Sánchez-Camacho es también un golpe importante contra el empresariado catalán, que sigue perplejo ante el choque de trenes que se avecina entre el Gobierno central y el Gobierno de Artur Mas. Según Cospedal “el principio de solidaridad sigue siendo un principio básico para el PP”. Eso sí, para que no se diga, la dirigente del PP aseguró que están analizando el actual modelo de financiación, que se aprobó en 2009 entre el Gobierno socialista y el Govern de la Generalitat, y, después, se trasladó al resto de autonomías. Lo está analizando para proponer otro «más justo» con todas las autonomías.

La Generalitat reclama y acuerda, y se pacta para todos

Aquel acuerdo irritó al PP, al sentirse aislado en la negociación. Pero no ocurrió una cosa distinta a la que siempre ha pasado cuando se ha negociado la financiación autonómica. El proceso es el siguiente: el Gobierno de la Generalitat, con CiU o con el tripartito, negocia con el Gobierno central, se llega a un acuerdo, y luego se buscan complementos, fondos, subterfugios, para que se acojan el resto de comunidades.

¿Resultado? Ni contenta, porque desdibuja el esquema inicial, a Catalunya, ni satisface al resto de autonomías, siempre recelosas del pastel que se pueda haber llevado Catalunya.

Pacto fiscal, pero en la intimidad

Esta vez, la líder del PP catalán, que se siente aislada, que no pasa por su mejor momento, tras el escándalo del caso de espionaje político de Método 3, ha querido jugar, por primera vez, con las cartas sobre la mesa: un trato diferente para Catalunya, sí, limitando la solidaridad.

El gran problema es que dirigentes como el vicesecretario general del PP, Carlos Floriano, –al lado este lunes de Cospedal– admiten que el PP debe encontrar una solución fiscal para Catalunya, y que también se encontrará una solución para el resto de autonomías. Eso sí, en público la cosa cambia. El PP no quiere mostrar ni un solo ápice de debilidad, y, menos, como réplica frente al proyecto independentista de Mas y a su determinación de convocar un referéndum de autodeterminación en 2014.

El Gobierno de Aragón, indignado

Porque la reacción de Cospedal ha sido tibia, en comparación con la de otros dirigentes territoriales del PP. El consejero de Presidencia de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que está “profundamente en desacuerdo” con la propuesta de Sánchez-Camacho. “No se puede llevar a cabo una reforma de este calado que sólo beneficie a una comunidad autónoma”, ha asegurado. Para Bérmudez de Castro, “no se puede quebrar la solidaridad de las regiones más ricas a las regiones más pobres, porque si no no seríamos un país».

Más allá ha ido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien ha sugerido que convocará una consulta –en clara alusión al President Mas. “Si alguien tiene la tentación de dar un régimen fiscal a la carta, nosotros desde Madrid pediremos que se consulte a los madrileños también para ver qué régimen quieren desde el punto de vista de la financiación porque tienen derecho con el esfuerzo que están haciendo y el agravio que están recibiendo», ha sentenciado.

Jorge Fernández Díaz, con Camacho

Pero, aunque el presidente Mariano Rajoy mantiene una cierta ambigüedad y quiere mantener los puentes con Catalunya –aunque sigue sin concretar nada– el abismo entre Catalunya y el resto de España, esté justificado o no, se va haciendo más grande.

Porque dirigentes como el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que, junto con su hermano Alberto Fernández –en el Ayuntamiento de Barcelona– ha controlado el PP catalán y sigue siendo una pieza esencial, apoyan una financiación propia para Catalunya.

Los Fernández Díaz, Sánchez-Camacho, y las patronales catalanas no son, precisamente, independentistas, pero abogan por solventar la financiación de la Generalitat de una forma más sólida, sin nuevos parches cada cinco años.

Fernández Díaz ha asegurado que está de acuerdo con el principio de ordinalidad que defiende Sánchez-Camacho, y que la solidaridad interterritorial “es un principio constitucional”, pero que se debe tener cuenta a las comunidades que facilitan esa solidaridad. Así, cree “razonable” que las aportaciones tengan “un límite y unas condiciones”.

El Gobierno central, ahora sí, tiene un problema sobre la mesa. El empresariado catalán ya no sabe a dónde mirar. Y las pequeñas y medianas empresas, las más proclives a intensificar el proceso independentista, presionan cada vez más en ese sentido.