El independentismo confiesa en el Supremo su gran engaño
La estrategia de defensa de los acusados cortocircuita el relato de los partidos independentistas: ni hubo DUI ni la independencia fue nunca el plan
Los doce condenados, nueve de ellos en prisión. En primera fila, de izquierda a derecha, Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras. EFE/Emilio Naranjo
28 de septiembre de 2017. No hace ni 24 horas que el Parlament ha votado la declaración independentista y que el Senado ha activado el 155. Carles Puigdemont, ya cesado, está en Girona, y comparece para hacer una declaración pretendidamente institucional, pese a no ostentar ya cargo alguno:
«Ayer vivimos un día histórico», arranca. «El Parlament cumplió con aquello que los ciudadanos votaron el día 27 de septiembre, donde la mayoría surgida de las urnas encomendó al Parlament la proclamación de la independencia».
Para entonces, algunos medios ya habían advertido del carácter meramente simulado de la llamada declaración unilateral de independencia (DUI). Pero ahí estaba Puigdemont remarcando que no, que se había declarado la independencia. Año y medio después, la mayoría de los miembros de su gobierno que en las útlimas dos semanas ya han declarado ante el Supremo, han admitido en mayor o menor medida que no, que la supuesta DUI no era tal.
Las excepciones han sido Oriol Junqueras, que solo respondió a su abogado y evitó referirse a esa cuestión, y Carles Mundó, que, preguntado por la fiscalía se negó a responder alegando que a él no se le imputa ningún delito asociado a esa votación.
Pero, más allá de esas salvedades, y de las discrepancias de forma e incluso de fondo entre las estrategias de las defensas, todas parecen tener un punto principal en común: el de afirmar que el gobierno de Puigdmont nunca tuvo la intención de cumplir sus promesas independentistas, sino solo la de negociar. Lo que, en algunos casos implica admitir a las claras que por supuesto, nunca se declaró la independencia.
El candidato de la Crida y la DUI
Que el reconocimiento más explícito del carácter simulado incluso de la declaración del 27-S provenga de Joaquim Forn resulta especialmente sangrante. En primer lugar, porque en tanto que miembro del Govern y no del Parlament en el momento de los hechos, ni siquiera necesitaba hacerlo para defender su inocencia.
Aún así, se esmeró en dejar bien claro que la declaración de independencia era en realidad un texto que el día 10 de aquel mismo mes habían firmado en el edificio del Parlament pero fuera del hemiciclo los diputados de Junts pel Sí y la CUP. Y que tan solo formaba parte del preámbulo del texto que se votó, no de su parte dispositiva.
Es más, siempre a preguntas de su propio abogado, el exconseller de Interior remarcó que la resolución aprobada no pasaba de ser «una declaración política» que no tuvo ni pretendía tener ninguna consecuencia práctica en forma de proclamación de un estado catalán.
Pero además, sucede que Forn es el candidato de la lista con la que el Pdecat, Junts per Catalunya y la Crida de Puigdemont, que en ningún caso admiten ese carácter simulado de la DUI en sus intervenciones públicas -es más, la máxima, repetida con fruición por el president Quim Torra, es que el Parlament ya proclamó la república catalana, y ahora solo falta «implementarla»-. El cortocircuito político es de grandes proporciones.
Claro que hay otros procesados que suenan como posibles candidatos en el primaveral ciclo electoral que se nos viene encima. El exconseller Jordi Turull, sin ir más lejos. Que, sin hurgar tanto como Forn, sí se refirió igualmente a la resolución del 27-S como a «una declaración política», una expresión a la que también se ciñeron Josep Rull, Raül Romeva o Dolors Bassa, que también abundó en el asunto a preguntas de su abogado.
Por su parte, Meritxell Borràs, al ser preguntada sobre si el Parlament declaró la independencia, respondió insistiendo en que la DUI formaba parte del preámbulo, que es «una expresión política» y «no tiene consecuencias legales» ni «obliga ni establece nada».
Sin planes independentistas
Los testimonios están en línea con la estrategia de defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, una de los dos acusados (el otro es el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart) que aún no han testificado y que lo harán el martes. En su escrito de defensa, la abogada de Forcadell, Olga Arderiu, remarca que la DUI estaba integrada en la exposición de motivos de la resolución, y no como parte integrante de la misma.
La actitud de la mayoría de acusados respecto de la DUI encaja con el relato que han ido desgranando en sus declaraciones del resto del proceso independentista. Una negación continua que contrasta de manera incluso hiriente con las declaraciones de intenciones políticas de las que está atiborrada la hemeroteca, y que da la razón a la también exconsellera Clara Ponsatí, instalada en Escocia y que fue la primera en asegurar que el govern siempre fue de farol.
Lo que se ha oído sobre todo estos días en la Sala de Plenos del Supremo es más o menos eso, que la intención nunca fue declarar la independencia, sino solo, siempre y exclusivamente, negociar. Y que la hoja de ruta independentista siempre fue un mecanismo de presión, por más que entonces los dirigentes nacionalistas insistieran por activa y por pasiva en su voluntad de llegar hasta el final y anunciaran a bombo y platillo estructuras de estado y pasos adelante y sin marcha atrás.
Referéndum por generación espontánea
Sintomático es también al respecto el lavado de manos visto en el TS respecto de la consulta ilegal del 1-O, que Santi Vila, el díscolo no independentista del govern Puigdemont, también procesado, llegó a negar que fuera un referéndum, calificándola en su interrogatorio de mera «movilización independentista».
Los demás no lo rebajaron, pero sí negaron haber organizado el referéndum: la Generalitat, según ese relato defensivo, no movió un dedo para celebrarlo (al menos desde que el TC lo prohibió de forma explicita) ni gasto un euro en los preparativos. Tampoco sabía nadie en el gobierno catalán cómo se adquirieron las urnas, ni tenía idea de cómo llegarían a los centros de votación, pese a que hubo presentación oficial de las mismas.
Del mismo modo, insisten los acusados, en que el plan nunca fue declarar la independencia. Claro que, teniendo en cuenta ese 1-O celebrado pese a la ahora pretendida inacción absoluta del ejecutivo, bien pudiera pensarse también que, de no haberles parado los pies, Cataluña habría podido independizarse casi sin querer.
