El Gobierno provoca el caos en las comunidades con las compras y las fechas de la vacuna

¿Qué vacuna contra el coronavirus se va a poner Pedro Sánchez? ¿Será obligatorio ponérsela? ¿Con qué criterios se va a distribuir a las CCAA la de Pfizer o la de Astra Zeneca? Son algunas de las preguntas que formulan los consejeros de Sanidad al Gobierno ante la enorme confusión creada estos días por las compras de vacunas contra el Covid-19 que está llevando a cabo el Estado.  

Según ha podido saber Economía Digital, los consejeros de Sanidad de los distintos territorios negocian con el ministro Salvador Illa un calendario de vacunas, pero no obtienen ningún tipo de certezas.

El Gobierno ha comprado, de momento, 20 millones de dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech y 30 millones de dosis de la que está desarrollando AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford. La duda está sembrada entre los distintos consejeros, ¿con qué criterios se aplicará una u otra?

La aparición de la vacuna de Moderna, que cuenta con más eficacia que las anteriores (94,5%), multiplicó las dudas entre los consejeros de Sanidad. ¿Con cuántas vacunas distintas va a contar el Gobierno? ¿Cuál será la línea de reparto para las comunidades autónomas? Son las preguntas que están haciendo al Ejecutivo.

De momento, España no ha encargado dosis de la vacuna a Moderna. Fuentes gubernamentales informan a ED que la UE está en negociaciones con la empresa pero “todavía no se ha cerrado ningún contrato de compra”.

“Trabajamos con esta compañía en la Unión Europea; es una de las siete vacunas que estamos negociando con conversaciones avanzadas. Pero vamos a tener mucha prudencia”, dijo Illa en rueda de prensa. La compañía tiene previsto distribuir ya su vacuna a Estados Unidas, Canadá y Japón .

La “opacidad” de Sanidad

En el mundo hay en estos momentos 11 proyectos de vacuna en fase 3, la primera que valora si son eficaces. Dirigentes territoriales del Partido Popular, en su mayoría, y alguno del PSOE critican la “opacidad” con la que se está moviendo el Ministerio de Illa a la hora de explicar los criterios tomados por los expertos sobre las vacunas que está comprando el Ejecutivo. “¿Por qué se han comprado distintas vacunas? ¿Cuál es mejor y cuál se pondrá la ciudadanía?”, se preguntan.

Illa ya ha estimado que sobre diciembre se podrían recibir las primeras dosis de la vacuna y a partir de enero podría comenzar la campaña de vacunación con las adquiridas dentro del marco de la Unión Europea.

En la actualidad hay más de 40 proyectos de vacuna contra la Covid-19 en fase de realización de ensayos clínicos, aunque no todos se encuentran igual de avanzados.

Entre las vacunas que se encuentran esta fase están Sinovac, el Instituto Biológico de Wuhan, el Instituto Biológico de Pekín, Bharat Biotec, CanSino, la vacuna rusa impulsada por el Instituto Gamaleya, Janssen y Novavax. Las primeras empresas en anunciar datos de eficacia asumidos como creíbles por la comunidad científica han sido Pfizer/BioNTech y Moderna.

¿Será obligatoria la vacuna?

Asimismo, también existen ciertas desavenencias entre unos y otros territorios a la hora de plantear a Sanidad si la vacuna debe ser o no obligatoria para el conjunto de la sociedad.

Algunos expertos consultados esgrimen que el Gobierno podría aprobar la obligatoriedad de la vacuna, ninguna lo es hasta ahora, mediante la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública. Sin embargo, otros recalcan que esta norma no lo habilita expresamente y citan la Constitución para defender su obligatoriedad.

Los artículos 15 y 43 defienden “el derecho a la vida y a la integridad física” y establecen que “corresponde a los poderes públicos la preservación de la protección de la salud, a través de medidas preventivas”, señalan.

Por último, esgrimen la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio, que establece en su artículo 12 que “el Estado podría imponer medidas para luchar contra enfermedades infecciosas”.

Pero en todo caso, “serían los tribunales los que tuvieran la última palabra al respecto de esta decisión y su implantación en los distintos territorios”, señalan los expertos a ED.

Feijóo a favor de que sea obligatoria

Algunos dirigentes como el gallego Alberto Núñez Feijóo ya han dicho en público que prefiere que sea obligatoria para la población y propone la reforma de la Ley Orgánica de Salud para establecer el «sometimiento a la vacunación» a toda la población gallega.

Sin embargo, los profesionales de la Salud consultados apuntan a un problema ético para no aplicar su obligatoriedad. “Respecto a la religiosidad de las personas sería muy difícil imponerla. Por ejemplo, un testigo de Jehová jamás se la pondría”, explican.

También la mera obligación a la población podría resultar contraproducente, según los expertos y citan además la Ley 41/2002, Básica de Autonomía del Paciente que reconoce “el principio de autonomía de la voluntad, el derecho de aceptar o de rechazar un tratamiento o actuación sanitaria”.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló esta semana, en una entrevista en TVE, que no ve necesaria su obligatoriedad.

“En España nunca ha hecho falta hacer obligatorias las vacunas y somos una población muy consciente y consecuente de los riesgos a los que nos exponemos y de los beneficios tanto individuales como poblacionales que nos puedan aportar las vacunas”. Además, advirtió que esta medida “no mejorará las coberturas”, respondió Simón.

Campaña de confianza

Según ha podido saber Economía Digital, el Ministerio de Illa estaría trabajando, además, en cómo enfocar la comunicación y las próximas campañas de información y publicidad para desmentir todo tipo de bulos acerca de la vacunación y, en especial, la vacuna contra el Covid.

Desde el Ejecutivo estudian cómo contrarrestar los mensajes de los antivacunas y las ‘fake news’ que se distribuyen a través de las redes sociales y que al final terminan creando desconfianza, sino campañas en contra de la vacunación.

De hecho, tan solo el 43% de los españoles asegura que no se vacunará inmediatamente cuando se tenga la vacuna, según el barómetro del CIS de octubre. El 2,2% señala que se vacunarán siempre y cuando el antígeno tenga garantías, haya sido probada y sea fiable.

La nueva ley de desinformación que anunció el Gobierno hace un par de semanas “es para estos casos”, aprovechan para recalcar fuentes gubernamentales.