Competencia da un ultimátum a Colau por su normativa anti-Uber
La ACCO emite un nuevo informe en el que señala que el reglamento del AMB contra las VTC es discriminatorio y restrictivo
Nuevo varapalo para Ada Colau desde los servicios de competencia de Cataluña. Después de que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) censurara la política de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona sobre motocicletas compartidas y patinetes eléctricos, el organismo vuelve a pronunciarse en contra del plan que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en el que Colau es presidenta, tiene para frenar el uso de las licencias VTC, las que utilizan plataformas como Uber, Cabify, Social Car y Gowe.
En su último informe, la ACCO considera “injustificadamente restrictivo” la nueva regulación del AMB, que eleva el tiempo de precontratación desde los 15 minutos que impuso la Generalitat hasta los 60 minutos.
Este intervalo, que pone en peligro el modelo de negocio de las plataformas digitales — los 15 minutos de espera ya propiciaron la salida de Uber y el cambio de modelo de negocio de Cabify para adaptarse — , fue una promesa que Colau hizo al taxi para que se terminara la huelga indefinida que se inició a mediados de enero.
Ahora, los servicios de competencia de Cataluña, del mismo modo que hicieron con la normativa de la Generalitat y con la que la propia AMB articuló hace medio año, vuelve a oponerse a esta medida, hasta el punto de recomendar “la no aprobación definitiva” del reglamento.
La normativa del AMB, de aprobarse tal y como está contemplada, terminará con total seguridad en los tribunales. Fuentes de la ACCO apuntan a Economía Digital que podrían pedir medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), algo que también pretende la patronal de las VTC, Unauto, que representa, entre otras empresas, a Uber y Cabify.
Colau y competencia, una historia de reproches
El tirón de orejas que la ACCO le ha dado a Colau este miércoles se une al que le dio hace un par de semanas, cuando señaló algunos aspectos de su normativa en movilidad compartida.
En aquella resolución, adelantada por este medio, se argumentaba que la regulación de los servicios de alquiler de bicis y motos aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Barcelona era “restrictiva de la competencia y discriminatoria”.
La ACCO apuntó que la normativa del ayuntamiento no solo limitaba “el crecimiento” de las empresas que ya operaban, sino que además “un margen mínimo para atender un eventual crecimiento futuro de esta demanda”.
