La patronal de Uber y Cabify lleva a Ada Colau a los tribunales
Unauto pide la suspensión cautelar del reglamento que la alcaldesa de Barcelona aprobó para restringir la actividad de los vehículos con licencia VTC
Los tiempos estaban marcados. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó hace dos semanas un reglamento para atar en corto a Uber y Cabify, el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona lo dio por implantado el lunes y este martes, Unauto, la patronal en la que se agrupan las empresas de vehículos de arrendamiento con conductor, lo ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC).
La denuncia que se ha presentado esta mañana exige la adopción de medidas cautelares para suspender de manera provisional el reglamento. Entiende que es contrario a derecho y que únicamente responde a que Colau se ha plegado a las presiones de los taxistas.
La normativa, por tanto, «infringe las competencias estatales y autonómicas” porque se salta al ministerio de Fomento y crea «perjuicios irreparables», tanto para Uber y Cabify, como a los trabajadores del sector.
El reglamento del AMB, organismo presidido por Ada Colau, es el más restrictivo que existe en España para Uber y Cabify. Exige una licencia VTC adicional para poder operar en el área metropolitana de Barcelona y otros 35 municipios de Cataluña.
Además, se ha anunciado que solo se concederán 200 licencias –con el objetivo de cumplir estrictamente con el ratio de 1 vehículo VTC por cada 30 taxis–, lo que dejará prácticamente fuera a las dos plataformas tecnológicas.
Cabify y Uber, a la espera de la resolución
La maniobra de Ada Colau abre dos escenarios muy distintos. El primero es que la justicia respalde a Unauto y entienda que el reglamento del AMB no se ajusta a derecho, lo que obligaría a la alcaldesa a dar marcha atrás en sus planes.
No obstante, si la justicia da el visto bueno al reglamento porque entiende que existe una base jurídica, se eliminaría de circulación más de la mitad de la flota de vehículos VTC y abriría la puerta a que otras ciudades repitieran la misma jugada.
El ejemplo más inmediato sería Madrid, donde el pasado lunes la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid (AGATM) trasladó al ayuntamiento alegaciones al proyecto inicial de la Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible. Todas sus demandas iban dirigidas a restringir la actividad de los vehículos VTC.
Entre sus solicitudes, exigían que no se permita a los coches de Uber y Cabify circular por el carril bus-taxi y entrar a las Áreas de Acceso Restringido del centro de la ciudad (ARR).
Entienden que no hay forma de controlar que lo hagan solo para cubrir servicios de contratación previa y sospechan de que pueden hacerlo para hacer captaciones ilegales de clientes.
