El juez prolonga la instrucción del caso Pujol hasta 2021
El juez José de la Mata prórroga la instrucción del caso Pujol para seguir nuevas pistas sobre los hermanos Josep y Oleguer Pujol Ferrusola
El titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha prolongado la instrucción del caso Pujol hasta el año 2021 por considerar que todavía faltan diligencias periciales “complejas”.
En un auto que ha trascendido este lunes, De la Mata acepta la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y de la sociedad Grand Tibidabo, que ejerce la acción popular, para alargar la instrucción.
El juez concede una prórroga de 18 meses, que finaliza el 23 de marzo de 2018, pese a que la Fiscalía no propuso ningún plazo concreto y la acción popular se conformó con un año. El instructor fijo el plazo máximo de prórroga que permite la ley, aunque precisa que la instrucción puede concluir antes de la fecha indicada si se cumplimentan las diligencias acordadas.
El caso Pujol se inició en diciembre de 2012, hace casi siete años, a raíz de las declaraciones ante la policía que realizaron el financiero Javier de la Rosa y María Victoria ‘Vicki’ Álvarez, ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat. Si la instrucción agota la actual prórroga, duraría más de ocho años.
Aunque en un principio el caso se circunscribió al primogénito de los hermanos Pujol por los presuntos delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, posteriormente, en 2014, se amplió a una decena de empresarios. Más adelante, en 2015, se incluyó en las lista de imputados al expresidente Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, así como a todos sus hijos con la excepción de Oriol. Este cumple en la actualidad una condena de cárcel por el caso ITV.
Después de casi siete años de instrucción, diversos investigados se opusieron a una nueva prórroga. Además de los abogados de la familia Pujol, también se opusieron los defensores de Mercè Gironès, la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola; Robert Ribes, presunto testaferro andorrano; del financiero Javier de la Rosa; Luis Delso, expresidente de Isolux; y de los empresarios JMVB y de su hijo, que actuaron como intermediarios en una operación de venta de oficinas de Banco Santander en la que intervino Oleguer Pujol Ferrusola, el benjamín de la familia.
Diligencias “complejas”
El juez De la Mata argumenta la nueva prórroga en la instrucción en que todavía faltan diligencias periciales “complejas”. En su último auto, se indica que están pendientes de cumplimentar una seria de actuaciones que afectan a Jordi, Josep y Oleguer Pujol Ferrusola.
Respecto a Oleguer, el juez señala que ni él ni su socio Luis Iglesias han contestado los requerimientos para aportar documentación, aunque reconoce que no están obligados a hacerlo por su condición de investigados. También quedan pendientes una serie de requerimientos a entidades bancarias y a la Agencia Tributaria.
Con respecto a la familia Pujol Ferrusola, la Fiscalía argumentó en la solicitud de prórroga de la instrucción que todavía están pendientes las comisiones rogatorias a Andorra y Luxemburgo. El juez añade una tercera comisión rogatoria a Dinamarca.
Grand Tibidabo también solicitó diversas diligencias entre las que se encuentra un nuevo interrogatorio a Jordi Pujol Ferrusola. La defensa de este último solicitó al juez que se apartara a Grand Tibidabo de la acusación por tratarse de una sociedad disuelta y en liquidación desde el pasado mayo. El instructor todavía no se ha pronunciado al respecto.
El juez tampoco se ha pronunciado sobre la petición de los abogados de la familia para que la Agencia Tributaria certifique las cuentas que los hermanos Pujol Ferrusola tienen en el extranjero. La defensa mantiene que no tienen ninguna en la actualidad después del proceso de regularización que llevaron a cabo.
Sobre Josep Pujol Ferrusola, el juez recuerda que un reciente informa de la Udef apunta que supuestamente estaba detrás de una cuenta en el viejo Banc Internacional d’Andorra (actual Morabanc) a nombre de la panameña Fundación Paty. La Fiscalía solicitó el 19 de septiembre pasado otra comisión rogatoria a Andorra en relación a esta cuenta.
