Anticorrupción pide alargar la instrucción del caso Pujol

La Fiscalía Anticorrupción pide una nueva prórroga en la instrucción del caso Pujol. Argumenta que todavía están pendientes de cumplimentar dos comisiones rogatorias a Andorra y Luxemburgo.

La actual fase de instrucción del caso Pujol finaliza el próximo 23 de septiembre. En un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata este 11 de septiembre, a doce días de concluir el plazo, los fiscales del caso solicitan más tiempo para la práctica de diligencias.

El denominado caso Pujol se inició en julio de 2014 en un juzgado de Barcelona a raíz de una denuncia de la desaparecida Manos Limpias. El juez De la Mata asumió la instrucción un año después. En marzo de 2018 ya autorizó una prórroga de 18 meses que está a punto de concluir.

Al amparo de lo que establece el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal, Anticorrupción solicitó al juez que acuerde un nuevo plazo para finalizar la instrucción. Indicó que de las comisiones rogatorias tramitadas a Andorra y Luxemburgo, todavía pendientes, pueden “derivarse la necesidad de practicar nuevas diligencias”.

Mediante la comisión rogatoria a Andorra, se solicitó que los bancos de aquel país faciliten información sobre las cuentas de Francesc Robert Ribes, supuesto testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de la familia.

El juez abre audiencia a las partes

En una providencia fechada este 13 de septiembre, el juez De la Mata abrió audiencia a las diversas partes para que en el “plazo de un día”, que finaliza este lunes, presenten alegaciones sobre la solicitud de fiscalía para alargar la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción también recordó en su escrito que la sociedad Grand Tibidabo, que ejerce la acción popular, solicitó en julio pasado la práctica de diversas diligencias. Entre estas está un nuevo interrogatorio a Jordi Pujol Ferrusola. El juez instructor todavía no se ha pronunciado al respecto.

Los abogados de la defensa de Jordi Pujol júnior reclamaron al juez que aparte a Grand Tibidabo de la acusación. Argumentan que no está legitimada para ejercer la acción popular porque se trata de una sociedad disuelta y en proceso de liquidación.

Grand Tibidabo se querelló contra el expresidente Jordi Pujol y su primogénito por supuesto cobro de comisiones relacionadas con la venta, en 1991, de la sede del Consorcio Nacional del Leasing (CNL) a la Generalitat. Entonces, el inmueble era propiedad de Grand Tibidabo, que presidía Javier de la Rosa.

Los actuales representantes de Grand Tibidabo se personaron en el caso Pujol en abril pasado. Un mes después, la sociedad entró en liquidación.