El caso Millet se transforma en el caso Convergència
El caso Millet pone contra las cuerdas a dos directivos de Ferrovial y al ex tesorero del partido, Daniel Osàcar, que fue el secretario personal de Artur Mas
El pacto de Jordi Montull y de su hija Gemma con la Fiscalía, que le podría evitar muchos años de cárcel, ha arrastrado a Fèlix Millet a negociar una confesión. A cambio de implicar a Convergència en el cobro de comisiones de Ferrovial a través del Palau de la Música, el fiscal Emilio Sánchez Ulled y la mayor parte de las acusaciones están dispuestos a rebajar substancialmente la petición de penas. Pero, para ello, deberán colaborar. Contarlo todo y resarcir con su patrimonio los perjuicios causados.
Gemma Montull, su padre Jordi y Fèlix Millet, por este orden, declararán el próximo miércoles en la Audiencia de Barcelona. Entonces se sabrá hasta que punto están dispuestos a tirar de la manta. Jordi Montull ha prometido “diversión”. A preguntas de Economía Digital, su hija Gemma declinó hacer comentarios y el abogado de la familia, Jordi Pina, recordó que esta semana se desvelará el misterio.
En su momento, Montull y Millet pusieron su patrimonio a disposición de la Justicia para resarcir su responsabilidad en el expolio. Ahora les toca confesar el dinero que se llevaron y, también, su supuesta intermediación en la financiación ilegal de Convergència. Su confesión dejaría contra las cuerdas al ex tesorero del partido, Daniel Osàcar, y a los dos ex directivos de Ferrovial imputados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. El caso Millet, también llamado caso Palau de la Música, se transformará entonces en el caso Convergència y puede acabar afectando al mismísimo Artur Mas. Antes de ser el tesorero del partido, Osàcar era el secretario personal de Mas.
Ferrovial donó más de 11 millones de euros en una década
Si los Montull confiesan y, con ello, arrastran a Millet, ¿qué hará Rosa Garicano? Para ella, la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión como supuesta cómplice porque, como directora general del Palau de la Música, preparó los patrocinios con Ferrovial. En total, la constructora donó más de 11 millones de euros en una década para fomentar la cultura musical, de los cuales 6,6 millones acabaron en Convergència, según la tesis de la Fiscalía.
Todos están pendientes de Jordi Montull, cuando la clave para desentrañar la financiación de CDC es su hija Gemma
Las relaciones de Garicano con Ferrovial van más allá de estos patrocinios. Su marido, Xavier Ribó, fue durante años el hombre de confianza que la constructora madrileña tenía en Cataluña. Presidió Sotaverd, la promotora de Ferrovial que estaba detrás del fracasado proyecto Piscinas y Deportes, consistente en la construcción de un complejo deportivo en el distrito de Sarrià. La promotora se declaró en concurso de acreedores en 1994 y se liquidó. Xavier Ribó es hermano de Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Cataluña (defensor del pueblo) y Rosa Garicano es hija del que fue ministro franquista Tomás Garicano Goñi.
En la segunda jornada del juicio por el expolio del Palau de la Música, el fiscal Emilio Sánchez Ulled calificó de “tráfico de influencias criminal” la actuación de los dos directivos de Ferrovial y del tesorero de Convergència. De Buenaventura y Elizaga, la Ficalía mantiene en los escritos de acusación que “dispusieron todo lo necesario para que cuantiosos fondos de Ferrovial, a espaldas de su accionariado y abusando de sus facultades directivas, se aplicaran a la financiación ilícita de CDC”.
Comisiones del 4%
Según detalló en su momento el juez instructor Josep Maria Pijuan, a partir de los datos de la investigación, Ferrovial abonó “por regla general” una comisión del 4% de la obra pública adjudicada. De este 4%, un 2,5% se asignaba a Convergència y el 1,5% se lo quedaban Millet y Montull. Estos se lo repartían a razón del 80% y del 20%, respectivamente.
En el sumario se documentan cuatro obras por las que Ferrovial supuestamente pagó comisiones a CDC a través del Palau de la Música: el revestimiento de una acequia del Ebro, la construcción de un pabellón municipal en Sant Cugat del Vallès –en tiempos del alcalde Lluís Recoder, que después fue consejero de la Generalitat-, las obras de la línea 9 del metro y la construcción de la Ciudad de la Justicia, donde precisamente se está celebrando el juicio. Estas dos últimas obras, ejecutadas por uniones temporales de empresas en las que intervenía Ferrovial, se adjudicaron en los estertores del último gobierno de Jordi Pujol.
En la documentación incautada en el Palau de la Música, aparecen anotaciones de Millet sobre las dos últimas obras con los supuestos importes a pagar. En las libretas de Gemma Montull también se relacionan ingresos de Ferrovial y pagos a entidades vinculadas a Convergència. Uno de los abogados de la acusación señala que la prensa está muy pendiente de la declaración de Jordi Montull, cuando la “clave” para desentrañar la supuesta financiación ilegal del partido es su hija Gemma.
Piden la nulidad de una prueba clave
Además, en el ordenador de Elisabet Barberà, secretaria personal de Millet, también se hallaron documentos que relacionan los patrocinios de Ferrovial con pagos a entidades convergentes. Cristóbal Martell, abogado de uno de los directivos de la constructora, ha solicitado la nulidad de esta prueba (un CD regrabable) por entender que se ha roto la cadena de custodia.
El fiscal Sánchez Ulled se agarra a estos documentos para intentar demostrar el pago de comisiones de Ferrovial a CDC por la adjudicación de obra pública. No es la primera vez que la constructora se sitúa en el foco político. A finales de los ochenta, la adjudicación a Ferrovial de la autopista de Terrassa a Manresa ya fue motivo de encendidas polémicas parlamentarias.
Buenaventura y Elizaga no son los únicos empresarios que se sientan en los bancos de los acusados. También están los administradores de una serie de empresas, ya desaparecidas, que trabajaron para las campañas electorales de CiU con cargo a fondos del Palau de la Música. Si Millet, Montull y su hija confiesan y pagan por lo que se llevaron, toda la atención se centrará en la financiación de CDC. El fiscal no piensa soltar esta presa.
