El fiscal acusa a CDC y Ferrovial de tráfico de influencias criminal

Amable en las formas y duro en el fondo. El fiscal Emilio Sánchez Ulled mantiene que el ex tesorero de Convergència y dos ex directivos de Ferrovial incurrieron en lo que calificó de  «tráfico de influencias criminal» para financiar ilegalmente al partido de Artur Mas. Rechazo de plano que los delitos que les atribuye hayan prescrito, como reclamaron sus defensas en la sesión anterior.  

En la segunda jornada del juicio del caso Palau, el fiscal Sánchez Ulled desmontó los argumentos de prescripción de delito expuestos por las defensas de Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC, y de Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, ex directivos de Ferrovial. En el caso de Osàcar, el fiscal entiende que existe una «conexión natural» entre los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y, por tanto, se debe aplicar el plazo prescriptivo del segundo, el más grave, que es de diez años.  

Respecto a los ex directivos de Ferrovial, Juan Elizaga autorizó el último pago al Palau de la Música en 2009 y fue imputado por estos hechos en 2013, mucho antes de que se cumpliera el plazo de cinco años al cabo a partir del cual prescribe el delito de administración desleal. En cuanto a Pedro Buenaventura, el fiscal apuntó que autorizó el último pago el 7 de febrero de 2006 y que se le pidió la imputación el 2 de noviembre de 2010, tres meses antes de la prescripción.  

El fiscal también rechazó la argumentación del abogado Cristóbal Martell, defensor de Pedro Buenaventura, que exigió la anulación de una de las principales pruebas de cargo contra su cliente. Se trata de un CD que contiene una relación de supuestos pagos de la constructora al partido de Artur Mas a través del Palau de la Música. La exclusión de esta prueba no sólo beneficiaria a los directivos de Ferrovial, sino sobretodo a Daniel Osàcar.  

La historia de un «desgraciado» CD

Emilio Sánchez Ulled reconoció que este CD tiene una «desgraciada» historia. Los Mossos de Esquadra volcaron el contenido del ordenador de la secretaria de Fèlix Millet en un disco regrabable. Cuando los peritos copiaron el contenido a otros ordenadores para analizarlo, el disco se dañó y no se pudo recuperar. Quedo totalmente inutilizado. No obstante, el fiscal recordó que, para subsanar esta incidencia, el juez instructor ordenó un año y medio después del registro policial que se volviera a copiar la información que contenía el ordenador de Elisabeth Barberà, la secretaria de Millet.  

El fiscal admitió que estas circunstancias pueden afectar a la «credibilidad de la prueba pero no a su valides». Además, recordó que en el presente juicio declararan las secretarias que redactaron estos documentos para corroborar su veracidad.