Así han diluido JxCat y ERC su única respuesta unitaria al Supremo
Los partidos independentistas enmiendan por separado la propuesta conjunta que presentaron como respuesta al Supremo y que recortó el Constitucional
Durante meses, el independentismo esgrimió la sentencia del juicio del procés como el horizonte que propiciaría la recuperación de la perdida unidad de acción soberanista. Pero, a la hora de la verdad, esa réplica conjunta al Tribunal Supremo (TS) quedó reducida a una propuesta de resolución en el Parlament presentada conjuntamente por JxCat, ERC y la CUP. Una propuesta que se vota finalmente este martes, pero recortada, tras haber dejado sin efecto el Tribunal Constitucional (TC) la parte más controvertida de la misma, y con aquella unidad de mínimos hecha unos zorros.
El TC suspendió el punto 11 de esa moción, aquel en el que se volvía a avalar el derecho de autodeterminación de Cataluña y a reprobar al rey Felipe VI. Y, a la hora de retocar el texto tras ese recorte, los tres grupos que se pusieron de acuerdo para consensuar el texto inicial no han sido capaces de volverlo a hacer para presentar sus correspondientes enmiendas.
La alambicada historia de esa propuesta conjunta presentada hace un mes resulta ilustrativa del difícil momento que atraviesan las relaciones entre las diferentes fuerzas independentistas, y también de la distancia sideral entre la escenificación y el verdadero calado de los desafíos retóricos que plantean al Estado.
La única respuesta institucional a la sentencia
La propuesta se presentó el 22 de octubre, ocho días después de que se comunicara la sentencia, se vendió como la respuesta institucional unitaria al fallo, la única. Pese a ello, la parte más desafiante de no hacía referencia a las condenas de entre 9 y 13 años de cárcel que el Supremo dictó para Oriol Junqueras y otros ocho líderes soberanistas.
El texto plantea que el Parlament rechace la sentencia, exprese «su indignación por la misma» y advierta que ejemplifica una «deriva autoritaria del Estado» y que establece «un precedente inaceptable» para converrtir en delito de sedición «todas las formas de protesta», además de considerar «un escándalo democrático» la condena a 11 años y medio de cárcel para la expresidenta de la cámara Carme Forcadell.
Pero todo eso no pasa de ser una pataleta más o menos inflamada. El aspecto más controvertido, y desafiante, no tenía que ver con el Supremo, sino con el Constitucional, al que se acusaba de querer censurar al Parlament por haber suspendido varias resoluciones referidas a la autodeterminación y la Corona.
La propuesta inicial de JxCat, ERC y la CUP suponía un pulso al TC al insistir en que la cámara «reitera y reiterará» tantas veces como quieran sus miembros «la reprobación a la monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político», tres posicionamientos que el TC ya había suspendido anteriormente y sobre los que había prohibido a la cámara volver a pronunciarse.
Los servicios jurídicos de la cámara advirtieron contra el uso de ese presente de indicativo del verbo reiterar, porque indicaba que esos pronunciamientos se renovarían con la simple aprobación de ese mismo texto, pero la mayoría independentista, con el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), al frente, hizo caso omiso.
Como era de esperar, y a instancias del Gobierno, el TC suspendió esa parte de la propuesta de resolución. Pese a ello, y a que la suspensión fue recogida en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), Torrent insistió en que se tramitaría igualmente, porque lo contrario sería «dejar entrar la censura en el Parlament».
Pero, a la hora de la verdad, tanto JxCat como ERC y la CUP han presentado enmiendas al texto con las que asumen la retirada de ese punto. Eso sí, lo han hecho por separado, para enfado de Esquerra, que pretendía que el texto fuera enmendado tal y como fue presentado: de forma conjunta.
No hubo manera. Primero fue la CUP la que presentó su enmienda el martes de la semana pasada. Los posconvergentes entraron las suyas a registro tres días después, el día 22. Y ERC hizo lo propio este lunes. Pese a que cada uno de los tres grupos ha actuado por su cuenta, los retoques que propones unos y otros se parecen bastante, lo que hace aún más incomprensible la falta de consenso previo de la que se quejan los Junqueras.
Otro desafío aparente sin desobedecer al TC
Al fin y al cabo, unos y otros optan por una misma técnica: la de extender la pataleta que ya incluía la moción contra el Supremo a la suspensión del Constitucional. Y, ya de paso, reproducir el fragmento vetado por este, a la manera en que el 27 de octubre de 2017, el Parlament introdujo en una resolución la declaración de independencia como una cita textual, que en aquel caso además se dejaba fuera de la parte dispositiva, es decir, de la que se votaba.
En este caso, lo que proponen los tres grupos, cada uno por su lado, es denunciar la suspensión parcial de la resolución, y, a título informativo, reproducirla entrecomillada. Es decir, otro simulacro de desafío perfectamente calculado para no incurrir en desobediencia al TC.
El episodio llega apenas dos semanas después del último truco de Torrent para dribar al TC sin desobedecerle, consistente en adelantar por sorpresa la votación de una moción de la CUP que también avalaba la autodeterminación para anticiparse al previsible e inminente veto del Constitucional a la tramitación de la misma, tal y como había solicitado la Moncloa. Lo consiguió por minutos, pero la resolución no se publicó en el BOPC, y encima la maniobra del presidente del Parlament del pleno suscitó el enésimo enfrentamiento entre JxCat y ERC, esta vez además en forma de choque institucional con la presidencia de la Generalitat.
Ahora, lo que está por ver es si antes de que este martes por la tarde toque votarlas, posconvergentes, republicanos y cuperos son capaces de ponerse de acuerdo para transaccionar sus respectivas enmiendas a la única y accidentadísima respuesta unitaria que hasta ahora han sido capaces de consensuar tras la sentencia del Supremo.
