El independentismo lanza el Parlament contra el Supremo y el TC

La respuesta institucional a la sentencia del Tribunal Supremo será una pataleta inflamadísima y un pulso al Tribunal Constitucional (TC). Eso es lo que han pactado los partidos independentistas que suman mayoría absoluta en el Parlament, Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP, que llevarán a votación al pleno de la cámara una propuesta de resolución que desacredita al Supremo y su fallo y desafía al Constitucional y sus toques de atención al propio Parlament, aunque, como en otras ocasiones, el texto se limita a ser una ruidosa declaración sin efectos prácticos.

Se trata de una declaración que carga con todo contra el Estado, eso sí, y que dice que el Parlamento catalán «reitera y reiterará» la defensa de la autodeterminación suspendida «tantas veces como lo quieran los diputados».

En el texto, se rechaza la sentencia «injusta» que condena a nueve líderes independentistas a entre nueve y 13 años de cárcel y ejemplifica una «deriva autoritaria del Estado», y se considera «un escándalo democrático» la pena de 11 años y medio para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Para los grupos independentistas, el fallo del Supremo establece «un precedente inaceptable» para convertir en delito de sedición «todas las formas de protesta» e imponer «la criminalización generalizada de la disidencia política».

Pulso al Constitucional

La propuesta de resolución denuncia «la censura que el Tribunal Constitucional pretende imponer al Parlament de Cataluña» tras la suspensión de varias resoluciones -también sin efectos prácticos- aprobadas en julio y septiembre-. En ese sentido, el texto replica al TC que «las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar en el Parlament», y ejemplifica la tesis alegando que los diputados catalanes se tienen que poder posicionar políticamente sobre cuestiones como «la invasión de Turquía al Kurdistán, la crisis de los refugiados y la emergencia climática». 

Además, se recuerda que otras cámaras autonómicas «se posicionan constantemente sobre cuestiones que desbordan su ámbito competencial, incluso pidiendo la intervención de las instituciones catalanas, sin que eso sea objeto de ninguna impugnación por parte del Gobierno español», y que el Parlament ha aprobado «decenas de resoluciones» sobre el derecho de autodeterminación desde 1989 «sin haber sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado».

JxCat, ERC y la CUP plantean que «ante las coacciones de los poderes del Estado para intentar limitar los términos de debate» en el Parlament, «no hay más opción que defender el derecho a la representación política y a la libertad de expresión» de sus diputados. Y, para ello, insisten en que la cámara «reitera y reiterará» tantas veces como quieran sus miembros «la reprobación a la monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».

Por lo demás, el texto defiende «el carácter estrictamente civil y no violento» del movimiento independentista, insiste en que «el conflicto entre Cataluña y el Estado» es político y por tanto no se resolverá en los tribunales e insta al gobierno de Quim Torra a «promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias» para conseguir «una solución democrática» a dicho conflicto. ¿Cuáles podrían ser esas iniciativas? Ese sigue siendo el acertijo que nadie parece capaz de resolver.