Pedro Sánchez exprime sus viernes antisoberanistas

Si en la precampaña y la campaña del 28-A, los decretos aprobados en las reuniones semanales del Consejo de Ministros dieron pie a hablar de los “viernes sociales” del gobierno, en la carrera hacia el 10-N se podría hablar de los viernes antisoberanistas. Y, más concretamente, contra la mayoría soberanista del Parlament. La última reunión ministerial antes de las generales ha acordado recurrir una vez más, y van, al Tribunal Constitucional (TC) contra una propuesta de resolución presentada en la cámara catalana que vuelve a vindicar la autodeterminación.

Esta vez, se trata de una moción de la CUP que aboga por que la cámara catalana exprese “su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”. La Mesa del Parlament, de mayoría independentista, admitió a trámite la propuesta el 29 de octubre, y el pasado martes rechazó las peticiones de reconsideración planteadas por el PSC y Cs, por lo que está previsto que sea debatida y votada en el pleno.

Ante ese escenario, el Consejo de Ministros acordó presentar ante el Constitucional dos incidentes de resolución de sentencia contra ambas decisiones de la mesa, porque entiende que vulneran dos sentencias del TC y también dos providencias de este que ya suspendían otras resoluciones referidas al derecho de autodeterminación y la soberanía del pueblo catalán. En esas providencias, además, se advertía al presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de miembros de la Mesa, de su obligación de paralizar nuevas iniciativas en el mismo sentido.

Catarata de mociones, y de recursos

Pero Torrent ya ha dejado claro que no piensa acatar esos avisos porque entiende que eso supondría dejar entrar “la censura” en el Parlament y vulnerar la libertad de expresión de los diputados y su potestad para debatir en la cámara sobre lo que consideren pertinente.

En todo caso, llueve sobre mojado. El 4 de octubre, ya en precampaña, el Consejo de Ministros ya recurrió ante el TC una resolución del Parlament aprobada en julio en la que se insistía en la autodeterminación y se reprobaba al rey Felipe VI.  El alto tribunal la suspendió menos de una semana después, el 10 de octubre, y al día siguiente, el Gobierno recurrió otra moción -esta aprobada el 26 de septiembre y en el marco del debate de política general que abre el curso político en la cámara catalana- que reiteraba el «reconocimiento del derecho inalienable del pueblo de Cataluña a la autodeterminación y la voluntad de ejercerla con plenitud».

El viernes de la semana pasada, el gobierno en funciones acordó presentar ante el TC otro incidente de ejecución de sentencia, en esta ocasión por la admisión a trámite de la propuesta pactada por JxCat, ERC y la CUP a modo de respuesta institucional a la sentencia de la causa del procés, un texto en que se reitera una vez más el aval a la autodeterminación y la reprobación al Rey. Además, ese  mismo Consejo de Ministros acordó igualment aprobar de forma urgente un decreto ley que cortocircuita los planes de “república digital” del govern de Quim Torra.

El pasado martes, ese decreto entró en vigor y el TC suspendió la tramitación de la moción independentista en el Parlament, pero Torrent redobló el desafío y anunció que la Mesa la seguirá tramitando igualmente, aunque todavía no hay fecha fijada para llevarla a votación en el pleno.

Ahora, la Moncloa insiste a dos días de las elecciones con otro recurso contra una última moción en el mismo sentido, esta de la CUP.

Moncloa estudia impugnar la moción de Vox para prohibir partidos independentistas

La portavoz del ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, añadió en rueda de prensa que los servicios jurídicos de la Moncloa también están estudiando la resolución aprobada el jueves por la Asamblea de Madrid a instancias de Vox y con el apoyo de PP y Cs, y que aboga por ilegalizar de forma inmediata los partidos separatistas “que atenten contra la unidad de la nación”, y por pedir a la Unión Europea que incluya a los CDR en la lista de grupos  terroristas, asuntos que tampoco son la de competencia de las instituciones madrileñas. “El gobierno ha decidido estudiar en profundidad la resolución por ver si es susceptible de ser impugnada”, zanjó Celaá.