Aigües Ter Llobregat, un mal precedente para las adjudicaciones públicas en Cataluña
Los juristas señalan la inseguridad que marca la resistencia del Ejecutivo de Artur Mas en reiniciar la licitación del contrato
Al Govern de Artur Mas se le acaba el tiempo con el contrato de Aigües Ter Llobregat (ATLL). La última sentencia del Tribunal Supremo ha sido «extremadamente dura» con los pasos que debe dar el Ejecutivo catalán a partir de ahora, señalan los juristas consultados. Provoca también otro efecto más pernicioso para los intereses de la Generalitat: crea un precedente muy poco alentador en la licitación pública catalana.
¿Quién invertirá en un territorio en el que un gobierno, ante un litigio de carácter administrativo, no cumple con las resoluciones judiciales? Los mismos interlocutores indican que esta actitud es «jugar con fuego» ante las grandes concesiones, las que piden una mayor seguridad jurídica por la elevada inversión inicial requerida. Como ATLL, la privatización que el Ejecutivo de Mas usó en 2012 para aliviar las extremas tensiones de caja de la administración catalana.
Entraron 298,6 millones de caja y se borraron 995,5 de déficit público, el importe total de los 50 años de contrato. Las mismas cantidades que se deben desconsolidar si vence el contrato anticipadamente.
Primer varapalo judicial en enero de 2013
El primer varapalo a esta adjudicación llegó el 2 de enero de 2013, seis días después de su firma. Desde ese momento el Govern no ha parado de acumular sentencias contrarias a sus intereses en las que se le obliga a cumplir con las medidas cautelares impuestas por el Oarcc. Estas, implicaban ejecutar el contrato y reiniciar la licitación hasta que un tribunal resolviera sobre «el fondo de la cuestión».
El Ejecutivo catalán se ha agarrado a que esta última resolución no ha llegado a lo largo de casi dos años para negarse a aplicar las medidas cautelares. La última sentencia del Supremo «desmonta uno a uno todos los argumentos expuestos por la Generalitat», indica la letrada del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) Meritxell Barnola.
Sin posibilidad de presentar recurso ante Europa
Aunque el Govern esperaba que la decisión fuera contraria a sus intereses, la contundencia del documento le ha dejado fuera de juego, indican interlocutores públicos. Los servicios jurídicos de la Generalitat estudian cómo se debe reaccionar e incluso ha generado discrepancias en el seno del Ejecutivo, entre las consejerías de Economía y Territorio, sobre el camino que se debe seguir.
Para Barnola, no disponen de mucho margen de maniobra. «El Govern tiene que mover ficha, no existe ninguna otra instancia superior a la que presentar recurso», afirma. La letrada recuerda que los recursos directos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son «contra actos de las instituciones y no al revés». No está habilitado para dirimir sobre un «asunto interno» de estas características.
Nuevo proceso de licitación
¿Mas debe ejecutar ya el contrato con Acciona? Los mismos expertos señalan que la aplicación de las medidas cautelares no implica romper de entrada con la concesión; obliga a reiniciar la licitación.
El Ejecutivo catalán ganaría así algo de tiempo, especialmente en el campo económico. Si es ágil, la desconsolidación y posterior nueva entrada de recursos con la concesión del agua catalana puede ser una cuestión de horas, añaden los mismos interlocutores. Para que esto ocurra, debe iniciar el proceso.
