Diferencias internas en la Generalitat por el polémico contrato de las aguas
Una segunda sentencia del Tribunal Supremo considera nula la adjudicación de la empresa concesionaria del suministro de aguas catalanas, ATLL, a un consorcio formado por Acciona, el banco brasileño BTG Pactual y los empresarios Ferran Rodés y Manuel Torreblanca. La resolución inicial vino de la propia Generalitat y, paradójicamente, fue la administración autonómica quien ha recurrido ante la justicia las decisiones del órgano interno de fiscalización de los contratos públicos.
El escaso éxito cosechado en los tribunales ha llevado a una cierta división interna entre los dos departamentos implicados por la escandalosa privatización, los de Economía y Territorio. Mientras el primero, liderado por Andreu Mas-Colell, reaccionó la tarde del miércoles restando significación al fallo de Alto Tribunal, el segundo ha admitido la importancia de la resolución judicial. Es más, su titular Santi Vila ha señalado que los servicios jurídicos catalanes están analizando la sentencia para determinar si debe adjudicarse a ATLL al segundo operador del concurso (Agbar) o convocar un nuevo proceso de adjudicación al considerar inválido el que se llevó a cabo.
Fuentes próximas al Govern señalan que las responsabilidades penales que pueden derivarse de un nuevo incumplimiento de la sentencia son suficientes para que Vila haya decidido presionar a Mas-Colell en la búsqueda de una solución urgente sobre el particular. El consejero de Economía y Finanzas se estaría resistiendo a la aplicación de las resoluciones judiciales y poniendo, a la vez, en peligro por la vía penal a su compañero de Govern, dispuesto a acatar la sentencia, según los mismos medios.
