Los siete pecados capitales de Ada Colau con la multiconsulta

La multiconsulta con la que Ada Colau quería hacer bandera de su apuesta por la participación ciudadana ahora que arranca la fase final de su mandato ha acabado de estrellarse al tumbar el pleno de Barcelona las dos preguntas de iniciativa ciudadana que quedaban vivas. La alcaldesa, el gobierno municipal y Barcelona en Comú encajaron fatal la derrota, y Colau compareció con las entidades impulsoras de las dos preguntas para acusar a la oposición y a cualquiera que haya criticado la iniciativa de complicidad con una ofensiva según ella orquestada por Agbar para socavar la autonomía municipal.

Este es el planteamiento con el que, a la desesperada, ha intentado los últimos días buscar alguna complicidad in extremis entre los grupos municipales -que, salvo en el caso de ERC, le han dado la espalda- o, cuanto menos, salvar la cara ante su público. Pero lo cierto es que los preparativos de la multiconsulta hace meses que acumulan descrédito, dudas y decisiones cuestionables. Repasamos los puntos más controvertidos en torno a una iniciativa que le ha supuesto a Colau una de sus derrotas más dolorosas.

El reglamento de participación

El reglamento de participación fue aprobado en octubre con los votos a favor de BComú, el PSC (entonces aún en el gobierno), ERC y dos concejales de la CUP, la abstención del PDeCAT, Cs y el PP y un único voto en contra, del otro edil cupaire, como protesta porque la norma no contemplaba que las consultas fueran vinculantes.

Por ahora, hay tres contenciosos presentados contra el reglamento: uno de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, uno de la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), y uno de la delegación del gobierno en Cataluña.

Colau se aferra ahora precisamente a este punto para no dar por muerta la consulta

El aspecto más controvertido es el artículo 74.3 que plantea que, en el caso de una consulta planteada por iniciativa ciudadana, “el pleno solo puede, por mayoría simple, denegar su celebración si no se adecúa al ordenamiento jurídico”, un extremo que la delegación del gobierno entiende que entra en conflicto con la ley de bases de régimen local.

De hecho, Colau se aferra ahora precisamente a este punto para no dar por muerta aún la consulta. El ejecutivo asume que ya no se podrá hacer en los plazos previstos, es decir, en mayo o junio de este año, pero entiende que la oposición no ha acreditado que las preguntas sometidas a votación no tengan base legal, y ha trasladado la cuestión a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que estudien hasta qué punto la decisión del pleno puede considerarse o no vinculante.

El censo

La fiscalía tiene abiertas diligencias a raíz de una denuncia presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) referida al censo de la consulta. El pliego de condiciones del concurso para adjudicar los servicios técnicos de la consulta preveía la ceder los datos del padrón a la empresa adjudicataria del servicio para elaborar el censo, que incluye a menores de edad, porque se puede votar a partir de los 16 años. La entidad entiende que esto supone una vulneración de la ley de protección de datos.

El Sant Pau y la recogida de firmas

Las preguntas de iniciativa ciudadana precisan de un mínimo de 15.000 firmas que las avalen. Una de las tres previstas la presentaban los responsables del gimnasio Sant Pau, que planteaban si el ayuntamiento debía adquirir el edificio para garantizar la pervivencia del equipamiento y además hacer vivienda pública. Los impulsores de la iniciativa presentaron 20.600 firmas, pero solo 15.030 fueron validadas, y después, cayeron un millar más porque las hojas en las que estaban recogidas no constaba el preceptivo sello del fedatario, con lo que la pregunta quedó descartada.

La remunicipalización del agua

El colectivo Aigua és Vida recogió más de 26.000 firmas para impulsar la más controvertida de las preguntas de iniciativa ciudadana: ¿Quiere usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación ciudadana? Una cuestión que pretende poner sobre la mesa la posibilidad de remunicipalizar la gestión del agua, ahora en manos de Aigües de Barcelona (Agbar).

La compañía reaccionó con un recurso de alzada contra la iniciativa, que fue inadmitido, y el CCIES, la misma cámara empresarial que llevó a los tribunales el reglamento de participación (y de la que forma parte Suez Environment, propietaria de Agbar), interpuso otro contencioso contra esta pregunta al entender que hay un contrato vigente que no puede ser cuestionado por una consulta popular.

La oposición también le reprocha a Colau que someta a consulta una cuestión supramunicipal

La oposición también le reprocha a Colau que someta a consulta una cuestión en realidad supramunicipal, cuando es el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), también presidida por la alcaldesa, quién ostenta las competencias por lo que se refiere a la gestión del agua.

Además, el gobierno municipal se comprometió en octubre de 2016 a entregar a los grupos municipales un informe sobre todo lo que comportaría el abordaje de una eventual remunicipalización de la gestión del agua, y en el pleno de este martes, ERC, pese a ser el único grupo de la oposición que votó a favor de la pregunta, le recordó a Colau que, año y medio después, siguen esperando el informe.

El cambio de nombre de la plaza Antonio López

La segunda de las preguntas de iniciativa ciudadana que pasó el corte de las firmas hace referencia a la posibilidad de cambiar el nombre de la plaza de Antonio López –dado el expediente de esclavista del marqués de Comillas- por el de plaza de Idrissa Diallo, en homenaje a este inmigrante fallecido en 2012 tras ser detenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. La oposición se pregunta si es necesaria una consulta para un asunto que podría resolver la ponencia del nomenclátor.

El concurso de la logística

Es uno de los puntos más controvertidos. El ayuntamiento inició en enero el proceso para externalizar la logística de la consulta, por un presupuesto inicial de 759.216,66 euros más IVA. Una de las licitantes, 3CS Cambios Estratégicos, llevó el proceso al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, porque entendía que las empresas de fuera de Barcelona tenían menos opciones, y el tribunal suspendió el concurso de forma cautelar.

La reacción de Colau fue cancelar la licitación definitivamente y anunciar que el Ayuntamiento asumiría la logística con sus propios recursos, motivo por el cual 3CS ha denunciado a la fiscalía la alcaldesa y el gobierno municipal por prevaricación y malversación de fondos.

El coste desconocido

El baile de cifras en torno a la multiconsulta no ha cesado desde hace meses. En el pleno de este martes, la oposición ha vuelto a plantear las dudas sobre el coste nunca aclarado. En marzo, el gobierno repartió a los grupos municipales un presupuesto provisional que ascendía a 1,68 millones de euros, que la concejal de Participación redondeó en 1,8 millones en la comisión de Presidencia, en la que remarcó que la cifra podría variar.

En todo caso, de ese monto, un millón corresponde al concurso de los servicios técnicos de la consulta, el denunciado a la fiscalía, y 535.642 euros, al envío de cartas con código de participación a los ciudadanos. Es decir, no consta que se incluya aquí el coste de la logística de la consulta (759.216,66 euros), la del concurso fallido, tras el cual se aprobó una ampliación de crédito de 1,5 millones.