1-O: La dispersión de la causa llena el TS de preguntas sin respuesta
Ya son 11 los testigos que se han negado a declarar en el Supremo porque están investigados en otras causas relacionadas con el 'procés'
“¿Ha sido usted procesado en alguna ocasión?”. Manuel Marchena ya lo ha preguntado en una sesentena de ocasiones, porque 62 son los testigos que ya han desfilado del medio millar que están citados en el juicio a los líderes independentistas que desde hace cinco semanas se sigue en el Tribunal Supremo. Y en 11 de los casos, la respuesta del declarante ha consistido en apuntar que está siendo investigado en otro procedimiento y, en virtud de esa condición, acogerse a su derecho de no testificar.
Cosas de la dispersión judicial de la causa del procés, que, además de en el Supremo, se dirime en otros tres escenarios: el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el primero que empezó a investigar los planes independentistas; la Audiencia Nacional, que es quien juzga al mayor José Luis Trapero y el resto de la cúpula de los Mossos d’Esquadra, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a donde fueron trasladadas las causas contra todos los exmiembros de la Mesa del Parlament acusados salvo la expresidenta de la cámara Carme Forcadell, que sigue procesada en el Supremo.
Esa fragmentación en varios procedimientos paralelos se traduce ahora en problemas prácticos para el tribunal que preside Manuel Marchena, porque ese casi 17% de testigos que finalmente no ha declarado significa un porcentaje muy importante de preguntas que permanecen sin respuesta, de explicaciones no dadas y de las que a los jueces no les quedará otra que prescindir a la hora de dictar sentencia.
Los spots del 1-O
La mayoría de esas versiones de los hechos que se han quedado en el limbo hasta ahora tenían que ver principalmente con la presunta malversación cometida, a ojos de las acusaciones, por el gobierno de Carles Puigdemont.
Así, para empezar, no se pudo preguntar a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, por los anuncios del 1-O que emitieron TV3 y Catalunya Ràdio. La corporación remitió a la Generalitat dos facturas por valor de 184.62 y 93.179 euros a cargo del departamento de Presidencia, que el gobierno catalán no ha abonado por entender que la emisión de esos spots formaba parte de las obligaciones que tienen la radio y la televisión catalanas de ejercer de servicio público y transmitir de forma gratuita información institucional de interés para la ciudadanía.
Llorach no compartía ese criterio, de ahí que en la fase de instrucción declarara que pensaba reclamar el pago judicialmente. Si ha cambiado o no de opinión, y en qué punto está la reclamación de esos casi 280.000 euros, lo podría haber aclarado en la Sala de Plenos del Supremo. Pero Llorach, procesada en el juzgado 13, declinó testificar.
También se inhibieron de testificar José Oriol González, propietario de la empresa Buzoneo Directo, en cuyas instalaciones se confiscaron 700.000 folletos informativos, 370.000 dípticos y 130.000 carteles promocionales del referéndum, y Pablo Raventós, el que fue director general de Unipost, en cuyas sedes la Guardia Civil interceptó 43.000 cartas destinadas a las personas seleccionadas para integrar las mesas de votación del 1-O.
Sí lo hicieron tres exempleados de la extinta empresa de mensajería, pero cada uno se amparó en que su conocimiento se restringía a su respectivo ámbito de actuación para no dar detalles sobre el encargo. Quién debería saberlo todo es Raventós, pero el tribunal tampoco tuvo la oportunidad de escucharle.
El «tal Toni»
Tanto los empleados de Unipost como el diseñador gráfico Enric Vidal, que negó haber diseñado los carteles publicitarios del referéndum pero sí admitió haber encargado su impresión, dijeron operar por encargo de “un tal Toni”, que la fiscalía identifica con Antoni Molons, en el momento de los hechos secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat y ahora restituido tras el 155 con el cargo de secretario de Comunicación. Pero Molons también está investigado por el 13, y también se amparó en esa circunstancia para no declarar.
La lista de imputados en el juzgado barcelonés es larga, y también incluye al ex número dos de Oriol Junqueras en la conselleria de Economía, Josep Maria Jové, testigo clave en tanto que fue en su domicilio donde se encontró el documento EnfoCATs, una especie de hoja de ruta que trazaba planes para la independencia de la que se han desentendido todos los acusados y que Junqueras calificó de “extravagante» y «apócrifo”. Jové también ha descartado declarar en el Supremo.
Vidal, la espoleta
Y lo mismo vale para el juez Santiago Vidal, que es ni más ni menos que con quien empezó la judicialización del procés. Porque el juzgado 13 inició sus pesquisas después de que El País informara de que en una conferencia, Vidal aseguró que el gobierno de Puigdemont ya trabajaba en secreto por la independencia y disponía de datos fiscales de los ciudadanos que había conseguido de forma ilegal.
La nómina de testigos investigados por el 13 y que han rechazado declarar la completan Josep Ginesta, número dos del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia tanto ahora como cuando estaba en manos de la ahora procesada Dolors Bassa; el ex secretario general de Justicia Adrià Comella; David Palanques, un empleado del Centro de Telecomunicacions y Tecnologías de la Información de la Generalitat al que se le atribuye la coordinación de los trabajos para elaborar la web de voluntarios para el 1-O; el exmagistrado del Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer, que fue reconvertido por Artur Mas en comisionado para la llamada “transició nacional”, o el exdelegado de la Generalitat en Bruselas Amadeu Altafaj.
Tampoco han testificado, pese a haber sido comparecido ya en el Supremo, el exsecretario de Asuntos Sociales y Familia, Adrià Comella, después de que la acusación popular ejercida por Vox, que es quien le habría propuesto como testigo, renunciara a su declaración, al no estar claro si el archivo de la causa que contra él también seguía el 13 es ya firme o aún recurrible, ni los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant, que se negaron a declarar para no responder a Vox, lo que les costó endas multas de 2.500 euros y podría suponerles ser procesados por un delito de desobediencia grave.
Royo y Trapero, excepciones
Y la cosa podía haber sido peor, porque también el ex secretario general del Diplocat, Albert Royo, está investigado por el mismo juzgado 13 de Barcelona, pero aun así, accedió a testificar. Y también lo hizo, profusamente además, Trapero, que podía haberse evitado igualmente su explosivo testimonio.
Claro que el mayor, que por un lado, confirmó que Puigdemont hizo oídos sordos dos veces a las peticiones de la policía catalana de desconvocar el referéndum y a los avisos del cuerpo sobre la posible escalada de violencia que podía producirse el 1-O, y, por otro, remarcó que los Mossos nunca recibieron instrucciones políticas del govern para facilitar la consulta, dio la sensación de morirse de ganas de dejar claras ambas cosas.
