Juicio del 1-O: La fiscalía acusa a un testigo de falso testimonio
El juez advierte al responsable de Difusión de la Generalitat que podría haber cometido un delito al hacerse el sueco con los spots del 1-O en TV3
La declaración del responsable de Difusión Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, ha colmado este miércoles la paciencia de la fiscalía y hasta del tribunal respecto a la actitud evasiva mostrada en los últimos días por algunos de los testigos que están desfilando en el juicio del procés.
Hasta el punto de que el fiscal Jaime Moreno pidió imputar a Mestre por falso testimonio. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, dijo que eso lo decidirá el tribunal cuando redacte la sentencia, pero antes, el propio Marchena ya había advertido al testigo de la posibilidad de que estuviera incurriendo en un delito. Se trata, también, de un aviso a navegantes para que tomen nota futuros testigos.
La de Mestre era una declaración importante por lo que respecta a la pista del dinero público destinado, si es que lo hubo, a la promoción del referéndum ilegal del 1-O, porque era (y es) el responsable de gestionar las campañas publicitarias. Pero insistió en saber mucho menos de lo que se supone que le correspondería en virtud de su cargo.
Durante su declaración volvieron a aflorar tanto los cambios de la web del Pacte Nacional pel Referéndum efectuados por la diseñadora Teresa Guix, que nunca cobró por ellos, como los encargos igualmente nunca abonados a las compañías Focus Media y Nothingad por la campaña publicitaria del registro de catalanes en el exterior, campaña para que también se encargó un diseño a la empresa Estudi Dada.
Ese estudio renunció a 10.800 euros (iva incluido); Guix, a 2.700; Focus, a 158.344, y Nothingad, a 97.333. En todos los casos, Mestre les trasladó que no se podían pagar los trabajos porque eran objeto de investigación judicial. Así declaró Mestre que se lo trasladó el entonces director general de Medios de Comunicación, Ignasi Genovès. Todas esas empresas, añadió el testigo, siguieron trabajando con la Generalitat y cobrando por ello, tal y como informó Economía Digital.
La campaña fantasma del 1-O
Donde Mestre más se atascó fue a la hora de explicar qué pasó con la campaña publicitaria del referéndum. Esa campaña, que oficialmente tenía como objetivo “fomentar los valores democráticos en la sociedad”, tenía un presupuesto de 2,7 millones de euros, pero quedó abandonada después de que tanto Carat como Focus renunciaran de forma sucesiva, una vez se les adjudicó el encargo de asumir la difusión. La primera agencia, contó Mestre, esgrimió razones de “reputación para la empresa”, y la segunda alegó en un email que se trataba “de una campaña política, no de civismo”.
Después, los anuncios, que ya estaban diseñados, los difundió igualmente la Corporación Catalana de Medios de Comunicación (CCMA), pero de Mestre dijo no saber nada. Ni siquiera al verlos en TV3 le pareció oportuno preguntar qué había pasado y cómo es que esa campaña había tirado adelante sin que él, que era el responsable de gestionar las adjudicaciones, tuviera ninguna noticia. “No era mi responsabilidad”, insistió.
Sucede que la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, que declinó testificar por estar imputada en la causa que también sobre el procés se sigue en el juzgado 13 de Barcelona, declaró en la fase de instrucción que fue Mestre quien le hizo el encargo. Pero el testigo negó con monosílabos cualquier conocimiento relacionado con la emisión de los anuncios.
Por la emisión de esos spots, la CCMA, un organismo público de la Generalitat, emitió dos facturas por valor de 184.624 y 93.179 euros a cargo del departamento de Presidencia, que tampoco se han abonado, por lo que Llorach dijo en la fase de instrucción que pensaba reclamar el pago judicialmente.
Aviso de Marchena
Fue cuando Mestre trató de hacerse el sueco respecto de esas facturas que Marchena le lanzó una advertencia a la que no había recurrido con ningún otro testigo. “Es evidente que hay algunas preguntas que usted está eludiendo”, le espetó, para recordarle después que el delito de falso testimonio no consiste solo en no decir la verdad, sino que también lo comete “quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas”.
El fiscal olió la sangre y, antes de finalizar el interrogatorio acusándole de falso testimonio, se dedicó a apretar las tuercas al testigo, entre continuas protestas de las defensas, pero Mestre no abundó mucho más. Admitió, eso sí, que tuvo noticia de las facturas de la CCMA, aunque aseguró que nunca las vio. Si hablo de ellas con alguien, apuntó, fue con Antoni Molons, entonces y ahora secretario general de Comunicación del Govern.
Molons era el superior directo de Genovès, y en la escala jerárquica por encima ya solo tenía al conseller de Presidència, Jordi Turull, hoy uno de los acusados en el Supremo. La fiscalía cree que Molons es también “el tal Toni” que, según han declarado otros testigos, se encargó de tramitar tanto el encargo de la cartelería publicitaria del referéndum como el del envío de las cartas que había que remitir a los miembros de las mesas electorales.
