"Seguridad jurídica": el primer cisma de la mesa de diálogo

Fueron las últimas dos palabras del comunicado conjunto que firmaron el Gobierno y la Generalitat tras la primera reunión de la mesa de diálogo: «seguridad jurídica». Los Ejecutivos central y autonómico se comprometieron a que «cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa» se desarrollara bajo este marco, como si la seguridad jurídica no fuese el marco que ya se espera de cualquier gobierno.

Era el único amago a un contenido de fondo recogido en un comunicado en el que todo fueron formas: periodos, composiciones de la mesa y metodología. Y en las horas posteriores a ese encuentro en Moncloa, en el que participaron tanto Pedro Sánchez como Quim Torra, las dos partes se esforzaron por demostrar que tienen acepciones totalmente antagónicas del concepto de «seguridad jurídica».

Un concepto que, en la cronología del procés, se remonta a la infame ley de transitoriedad jurídica aprobada por el Parlament unas semanas antes del referéndum ilegal del 1-O, que sirvió para vender la promesa de que «la transición» de Cataluña hacia una república se realizaría «de forma ordenada y gradual». Vamos, una forma de burlarse de la Consitución que Sánchez tranquilamente ha hecho suya.

No es la primera vez que el presidente del Gobierno se entrega de brazos abiertos al término impuesto por el independentismo. Mientras en público Sánchez habla del «marco de la Constitución», cuando se reúne con separatistas se cambia a la «seguridad jurídica», una expresión también recogida en la declaración de Pedralbes que acordó con Torra en diciembre de 2018 y que alarmó a la oposición.

Contradicciones

Tras prestarse al peligroso juego de la «seguridad jurídica», el Gobierno de Sánchez ha intentado excusarse en los últimos días contradiciendo el significado del concepto que maneja, por ejemplo, Esquerra Republicana, ese partido que tiene la legislatura del Ejecutivo en sus manos y cuyo apoyo a las medidas legislativas de Moncloa es necesario para mantener con vida la coalición de PSOE y Podemos.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo el miércoles tras la reunión de la mesa de diálogo que deben buscarse «soluciones imaginativas» al llamado conflicto catalán. La también ministra de Hacienda ha tenido que matizar la frase este viernes, señalando que las soluciones imaginativas «no pasan por autodeterminación», después de que el independentismo –obviamente– lo interpretara así.

Pere Aragonès, vicepresidente del Govern y uno de los hombres fuertes de ERC en las negociaciones con Sánchez, se ha pasado este viernes vinculando la «seguridad jurídica» y las «soluciones imaginativas» a un referéndum de autodeterminación en Cataluña, deslizando asimismo advertencias al Gobierno sobre su potencial apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, que no será «gratis».

«Si llegamos a un referéndum de autodeterminación tiene que tener seguridad jurídica. Se tendrá que hacer una ley que sirva para blindarlo jurídicamente», ha afirmado Aragonès este viernes en una entrevista en TV3. Mientras para el Gobierno «seguridad jurídica» infiere legislación vigente (aunque ya no dice tanto «Constitución»), para Aragonès la expresión no equivale a «marco constitucional».

Desde la perspectiva del partido de Oriol Junqueras, «seguridad jurídica» significa lo mismo que en la ley de transitoriedad: la Constitución no es un «límite» para celebrar un referéndum de autodeterminación. «Nosotros tenemos muy clara nuestra propuesta, autodeterminación y amnistía», insistía el vicepresident este viernes por la mañana en una entrevista con Ana Rosa en Telecinco.

En lo que están de acuerdo ambas partes es en la flexibilidad de la «seguridad jurídica» frente a otras palabras como, digamos, «orden constitucional». Si para el Gobierno la «seguridad jurídica» es un lienzo en blanco que no se atreve aún a definir con todos los puntos sobre las íes, para el Govern y para ERC es la casilla de salida para «volverlo a hacer», esta vez amparados por una mesa de diálogo.

Presupuestos

El Ejecutivo de Sánchez está en una posición muy incómoda, y Aragonès se lo ha recordado en esa misma entrevista con Ana Rosa. «Estamos lejos de llegar a acuerdos, es cierto, pero empezamos este camino. Dependerá de los Presupuestos», ha señalado el número dos del Govern de Quim Torra, avisando: «Nosotros no vamos a votar nada gratis, esto que quede bien claro».

«Si se quiere hacer un segundo acuerdo, por ejemplo sobre los presupuestos, se debe cumplir el primero. El primero se ha empezado a cumplir. Ahora el Gobierno del Estado quiere aprobar unos presupuestos, pues perfecto, dependerá de lo que presenta, qué partidas incorpore, que inversión se prevé en Cataluña, algo que a nosotros nos interesa fundamentalmente», ha añadido Aragonès.