El TSJC procesa a uno de los hombres de ERC en la mesa de diálogo
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará a Josep Maria Jové, uno de los dirigentes de ERC que negocian con el gobierno de Pedro Sánchez
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado el procesamiento del dirigente republicano Josep Maria Jové por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre (1-O) de 2017. Jové es uno de los dirigentes que ERC ha designado para formar parte de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat.
En el mismo auto, la magistrada Maria Eugènia Alegret también procesa al republicano Lluís Salvador. Tanto Jové como Salvador ocuparon altos cargos de en la vicepresidencia económica de la Generalitat a las órdenes de Oriol Junqueras, que ahora cumple una pena de 13 años de prisión por su responsabilidad en el 1-O.
Jové y Salvador están citados a declarar en el TSJC, como investigados, el próximo 11 de marzo. La jueza instructora ordenó que se les retire el pasaporte y se les prohíba salir de España.
Fianzas millonarias
Además, deberán presentarse en el juzgado todos los meses y depositar una fianza de responsabilidad civil (para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su actuación) de 2.889.000 euros, en el caso de Jové, y de 1.635.000 euros, en el de Salvadó.
La magistrada instructora entiende que Jové, en calidad de secretario general de la Vicepresidencia de la Generalitat, con responsabilidades en las áreas de economía y hacienda, «tuvo una participación activa en la preparación del referéndum del 1 de octubre de 2017 y en otros actos ilícitos para conseguir la correspondiente financiación en el previsible supuesto de que los votos favorables a la independencia en el ilegal referéndum fuesen superiores a los negativos».
Según la información aportada a la causa, la magistrada considera acreditado que Jové, desde sus responsabilidades públicas, obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, para lo que carecía de competencias. Igualmente, se detalla en el auto de procesamiento que Jové «desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional interviniendo activamente en la búsqueda de locales donde debía llevarse a cabo el referéndum».
La magistrada instructora señala, tal como se recoge indiciariamente en la agenda Moleskine de Jové y en las anotaciones del documento Enfocats, que este procesado «conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal», en una cantidad superior a los 2.100.000 euros.
«Todos los gastos debieron ser indiciariamente supervisados por el señor Jové, tanto en su condición de coordinador del referéndum, según sus propias anotaciones, como por ostentar el cargo de secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, como cuanto responsable formalmente desde el mes de julio de 2017 del área de los procesos electorales y consultas populares que se mantuvo en el departamento hasta el decreto 1/2018, de 19 de mayo, por el cual dicha responsabilidad pasa a otro».
Planearon las «estructuras de Estado»
Respecto a Lluís Salvadó, que fue secretario de Hacienda del Departamento de Vicepresidencia desde enero de 2016, se indica en el auto que junto a Jové «planearon que era necesario preparar las estructuras de Estado y una adecuada financiación para cuando Cataluña contase con la independencia».
A Salvadó se le señala como “responsable de la ideación del programa” con el que pretendían conseguir suficientes recursos para impulsar la llamada republicana catalana. Este plan no se ejecutó, aunque fue aprobado por el gobierno de la Generalitat en abril de 2017 para aplicarse en materia de recaudación a todos los entes locales, a las universidades públicas, Servicio catalán de salud y, en definitiva, a todo el sector público.
