Rajoy podría impedir que Mas firme el decreto de la consulta del 9N

Una canción de Loquillo podría explicar lo que le ocurre al Govern de Artur Mas. “Tu madre no lo dice, pero me mira mal…”, cantaba el chico del barrio del Clot de Barcelona. El gobierno catalán “no lo dice”, pero sabe que no podrá realizar la consulta soberanista del 9 de noviembre. No lo dice porque desmotivaría a los suyos, justo antes de la exhibición de fuerza que se pretende aglutinar en 11 de septiembre, con motivo de la Diada Nacional de Catalunya, que coincide este año con el tricentenario de 1714.

Sin embargo, el Gobierno español no deja de recordarlo. La vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso este viernes, tras el primer consejo de ministros tras el verano, ir más allá. El presidente Mariano Rajoy tiene en sus manos varias posibilidades, o presentar un recurso contra la ley catalana de consultas, o contra el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre que firmará el President Artur Mas.

Recurso a la ley y al decreto

Puede, también, hacer las dos cosas. Si lo hiciera únicamente contra el decreto, quien debería dilucidar es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque se trataría de un contencioso administrativo. Fuentes del TSJC ya aseguraron que no tenían muchas ganas de entrar en ello, porque debería ser la instancia, desde Cataluña, que le dijera a Mas si puede o no celebrar el referéndum

Pero si el Gobierno español presenta el recurso contra la ley, será el tribunal Constitucional quien deba pronunciarse. Y lo que aseguró Saénz de Santamaría es que se podría dar el caso de que, tras el recurso a la ley, Mas no pueda ni tan sólo firmar el decreto de convocatoria.

Las ironías de Homs

Cuando el Gobierno impugna una ley autonómica y pide su suspensión, “ésta se adopta automáticamente”, aseguró la vicepresidenta. “Es algo que no es nuevo y que se ha aplicado en numerables ocasiones”, afirmó. Con ello dejó en mal lugar al conseller de Presidència, Francesc Homs, quien el pasado martes ironizaba sobre la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy al preguntar si ya sabía qué respuesta ofrecería el Constitucional.

Lo que ocurre es que el Constitucional podría dar una respuesta rápida, pero no antes de unos diez días. En ese lapso, Mas podría firmar el decreto, y decir que fue el primer President de la Generalitat en convocar a los catalanes a un referéndum de autodeterminación, aunque no diga –como la madre de la canción de Loquillo– que no se podrá realizar.

Fuera de la legalidad «no hay democracia»

La cuestión es que el President Mas no quiere que nadie de su Govern se pronuncie antes de que eso suceda, porque admitir que el Constitucional recurrirá y dejará sin efecto la consulta es admitir la derrota antes de presentar batalla. Fuentes del Govern siguen insistiendo en que “se hará todo lo posible para que los catalanes puedan votar el 9 de noviembre”.

La vicepresidenta del Gobierno español, precisamente, rechazó este viernes explicar cómo podría impedir que se acaben instalando las urnas en la calle. Y confió en que Mas hará efectiva su afirmación de que no dará un paso que no sea legal. Porque “fuera de la legalidad, no cabe hablar de democracia”, según Sáenz de Santamaría.

El Gobierno del PP, en la recta final del posible choque de trenes con la Generalitat, reclama al Govern de Artur Mas que “haga un ejercicio de reflexión” y que no apruebe la ley de consultas. El argumento es que el propio Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat, pese a avalar la ley, incluyó cuatro votos particulares en su dictamen que dudan de la constitucionalidad de la iniciativa legal.