El Govern se agarra a la “legalidad” de la consulta antes de convocar elecciones

Las próximas semanas serán determinantes. El President Artur Mas seguirá hasta el final, aunque sepa que tendrá que convocar elecciones anticipadas, cuando pueda, y que su propósito de celebrar la consulta soberanista del 9 de noviembre no podrá ser.

El Govern se agarra a la “legalidad” de la ley catalana de consultas, tras recibir la luz verde del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat. El dictamen, sin embargo, ha contado con cuatro votos particulares, de Pere Jover y Eliseo Aja (juristas propuestos por el PSC), de Marc Carrillo (por ICV) y por Carles Jaume Fernández, (propuesto por el PP).

Los otros cinco juristas, a propuesta de CiU, tres de ellos, –Joan Egea, Àlex Bas y Francesc de Paula Caminal– y dos de ERC –Joan Ridao y Jaume Vernet– han avalado el conjunto de la ley.

Referéndum encubierto

La tesis de los cuatro votos particulares, con matices, es que la consulta soberanista debe entenderse como un referéndum encubierto, sobre una cuestión –la independencia de Cataluña– que atañe al conjunto de la soberanía española. Es una competencia exclusiva del Gobierno central, por tanto, y sería inconstitucional celebrarla.

Pero el dictamen entiende que se trata de una consulta popular, y que en el marco constitucional no debe haber cuestiones que se prohíban a los ciudadanos. Se considera que se deben amparar “todas aquellas ideas y expresiones políticas, incluyendo las que se oponen al orden mismo en el que encuentran resguardo”, aunque respetando las vías democráticas y según “los límites establecidos” en un estado de derecho.

La cuestión es que los juristas de la Generalitat no se pronuncian de forma directa sobre la pregunta que los partidos soberanistas quieren someter a consideración el 9 de noviembre: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa: ¿Quiere que este Estado sea independiente?»

Sin habilitación

No lo hacen, pero los juristas han acabado haciéndolo, porque no pueden dejar de lado que el Govern desea aprobar esa ley para que dé cobertura a la consulta.

Para el Govern, el texto jurídico constata que la ley “es constitucional”, como destacó el conseller de Presidència, Francesc Homs.

Uno de los juristas que manifiestan con mayor claridad sus dudas, con un voto particular, es Eliseo Aja. “No se puede considerar como una simple consulta no refrendaria”, asegura, sobre la ley de consultas catalana. “Es un tipo de referéndum simulado, que carece de habilitación, y de las garantías exigidas por la Constitución y el Estatut”.

Marc Carrillo incide en que “la Constitución ciertamente impide una consulta popular no refrendaria de las previstas en la proposición de ley (la ley catalana que se somete al Consell) de manera indiscriminada y sin distinción por razón del objeto de la competencia, que afecta competencias del Estado o decisiones del constituyente”.

¿Suspensión de la autonomía?

Mas, sin embargo, había asegurado en los últimos meses que la ley catalana de consultas “pondría muy difícil” al Gobierno español la decisión de presentar un recurso.

El President, con la ley aprobada, a finales de septiembre en el Parlament, tras la Diada del 11 de septiembre, firmará el decreto de convocatoria para el 9 de noviembre. Pero no irá más allá cuando el Gobierno recurra tanto la ley catalana de consultas como el decreto ante el Tribunal Constitucional.

Todos los partidos catalanes son conscientes de que eso será así. Y que la única salida será la convocatoria de elecciones anticipadas al Parlament, aunque se las quiera revestir de elecciones plebiscitarias.

La ficción continua

La periodista Pilar Rahola, miembro del Consejo Asesor de la Transición Nacional, que asesora a Mas, ha llegado a asegurar que el Gobierno español podría suspender la autonomía de la Generalitat y no permitir esas elecciones.

Pero esa opción nadie la prevé seriamente. El problema para los partidos soberanistas ahora es que no pueden decir alegremente que no habrá consulta. Y quien lo ha hecho o ha sugerido un aplazamiento, como la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha sido obligada a rectificar.

Mas y Homs, y también el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, saben que sería contraproducente sacar las urnas a la calle sin tener ninguna garantía de legalidad.

Sin embargo, la ficción continua. Por ahora.