Podemos ataca al ministro Campo por congelar la reforma del delito de sedición

Unidas Podemos no cesa en los ataques al ministro de Justicia, Juan Carlos, por la reforma del delito de sedición. Los morados aprovecharon este lunes la Comisión de Justicia celebrada en el Congreso de los Diputados para preguntarle «¿Cuántos años necesita para dar su opinión sobre nuestra propuesta?».

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, reprochó duramente al ministro su tardanza por presentar y aprobar la reforma del Código Penal, donde supuestamente figurará la modificación de los delitos de sedición y rebelión. «Esto no es serio», sugirió, para luego añadir que se trata de una «promesa incumplida». 

Asens fue contundente con su socio de Gobierno echándole en cara que su grupo, Unidas Podemos, le presentó su propia propuesta de reforma y el ministro todavía no se la ha estudiado.

El dirigente considera que «no es serio» que Campo siga estudiando los código penales del resto de países europeos para actualizar el de España. «Tras un año de Gobierno de coalición, ¿cuándo va a llegar esa reforma?», insistió durante su intervención. 

«Puedo pecar de cabezonería…» 

Los morados le recuerdan a Campo que los políticos catalanes presos por el ‘procés’ llevan tres años en la cárcel. 

«Cada día que pasa sin abordar esta reforma es un día más de injusticia, una injusticia que no es inocua porque genera desafección y sirve a los independentistas para señalar que España es irreformable», dijo, incidiendo en que esta situación afecta negativamente a la convivencia en Cataluña.

«Puedo pecar de cabezonería por insistir en esto cada vez que le tengo delante», señaló Asens, haciendo referencia al «no seas cabezón» que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dirigió al vicepresidente Pablo Iglesias durante su bronca la semana pasada en el Congreso. 

Asens dejó claro al ministro que su socio de Gobierno no cesará en su reclamación porque la considera «un deber político y moral» y porque, a su juicio, este tema «no se puede prolongar más por un cálculo de oportunidad ni de partidismo».

Asimismo, recalcó que al Ejecutivo no le debe «temblar el pulso» ante lo que pueda decir la derecha, porque le va a criticar haga lo que haga. «Hay que actuar con valentía», concluyó citando un poema de Benedetti, autor con el que terminó Campo su discurso. 

La propuesta de Podemos libera a los presos

Parece que a Podemos le han entrado prisas por excarcelar a los políticos presos. Desde finales de noviembre va calando un ‘mantra’ entre sus dirigentes que consiste en que «se trata de una injusticia» y los políticos presos tienen que estar en la calle para que puedan hacer campaña para elecciones catalanas. 

Podemos niega que sea una petición a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y lo engloban en esos «gestos complemetarios», como bien podría ser la excarcelación de presos de ETA o su acercamiento al País Vasco. 

Así, la propuesta que los morados presentaron a Campo consiste en que no exista delito de sedición si no hay uso de armas. Si esta medida saliera adelante, el Tribunal Supremo se vería obligado a excarcelar a los nueve presos independentistas condenados, tras quedar anulada la sentencia. 

La reforma de Campo también rebaja las penas 

Sin embargo, la reforma que estudia Justicia (Campo), por su parte, también supondría la rebaja de las penas actuales asimilando ese delito a conductas de resistencia grave castigadas en otros países con no más de cinco años de cárcel.

Fuentes gubernamentales consultadas argumentan que la sedición es un delito que no encuentra fácilmente un equivalente en los ordenamientos europeos, algo que no ocurre con la rebelión, que si bien no se denomina con este término en otros códigos si puede compararse más fácilmente con otras conductas gravemente penadas como «alta traición» en Alemania o delitos contra la República o la integridad del territorio nacional en Francia.

Por ello se está planteado comparar la sedición con delitos regulados en otros países para sancionar conductas de alteración de paz pública o uso de intimidación para impedir que una autoridad política o funcionario público cumpla con sus funciones.

La reforma, señalan, debería ir dirigida a mejorar la definición del tipo y adecuar la pena, lo que evitaría además lo que los juristas llaman «efecto desaliento», que se da cuando un precepto define de forma muy deficiente la conducta a castigar y la asocia a la vez a penas elevadas, ya que ello afecta al ejercicio de derechos fundamentales y es propio de países autoritarios.