Pedralbes: cómo convertir un papel mojado en clave de la investidura
La llamada "declaración de Pedralbes" a la que pide volver ERC a cambio de una abstención vital para Sánchez no fue más que un comunicado de circunstancias
Volver a Pedralbes. Ese es el nuevo mantra al que se ha abonado el independentismo, y la condición que le pone Esquerra a Pedro Sánchez para facilitar su investidura: recuperar la declaración conjunta de la Moncloa y la Generalitat que salió del segundo y último encuentro mantenido por Quim Torra y Pedro Sánchez, el 20 de diciembre del año pasado en Barcelona. Y esa es también la directriz a la que se ciñe el PSC para engrasar un acuerdo que asegure al menos la abstención de los de Oriol Junqueras, una abstención imprescindible para que a Sánchez le salgan las cuentas.
La paradoja, o la constatación de que en política, el contexto y el envoltorio lo son todo —o casi—, es que ese acuerdo de hace 10 meses ahora erigido en pieza clave para muñir la investidura bajo la pomposa denominación de «declaración de Pedralbes», en el momento en que se fraguó no fue más que un comunicado de circunstancias diseñado para no admitir en toda su crudeza la esterilidad de una reunión que ya se celebró poco menos que a cara de perro.
Conviene hacer memoria. El pasado diciembre todavía se esgrimía, tanto desde la Generalitat como desde la Moncloa, la posibilidad de un marco de conversaciones estable, pero la desconfianza del Gobierno hacia el govern era ya mucha, porque desde la primera cita Torra-Sánchez, celebrada el 9 de julio, el primero había declarado poco menos que persona non grata al Rey; había jaleado a los CDR a la voz de “apretáis y hacéis bien en apretar”; había lanzado un ultimátum al presidente del Gobierno por los presupuestos, y había abogado por la vía eslovena a la independencia.
Así las cosas, se aprovechó la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona —vendido como un gesto de distensión por el Gobierno y como una provocación por la Generalitat— para celebrar un segundo encuentro reclamado a voz en grito por Torra, y cuyo formato fue la principal preocupación de unos y otros: el govern quería escenificarlo como una “minicumbre” entre gobiernos, extremo que la Moncloa quería evitar a toda costa reduciendo a la mínima expresión la relevancia del mismo.
Al final, la cita, que apenas se prolongó una hora y cuarto, sesión de fotos incluida, consistió en un cara a cara entre Sánchez y Torra al final de la cual se sumaron, por parte de la Generalitat, el vicepresidente, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y, por parte del Gobierno, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que hasta entonces habían estado reunidos en paralelo.
Comunicado de mínimos de Moncloa y Generalitat
Después, Batet y Artadi comparecieron y leyeron una sucinta declaración de mínimos que había sido consensuada previamente para tener algo que vender a la prensa al finalizar una reunión de la que nadie esperaba avances significados y de la que solo salió el compromiso de que habría más reuniones, que finalmente ya nunca se produjeron.
Ese texto de circunstancias ahora convertido en moneda de cambio para la investidura se limitaba a constatar “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y a asumir la apuesta de la Moncloa y la Generalitat por “un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”. Un diálogo que debía “seguir potenciándose” para “atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”.
A falta de algo mejor a lo que hincarle el diente, el punto más polémico fue la inclusión de esa última especificación en lugar de una referencia explícita al encaje constitucional que debería tener esa respuesta, algo obvio y que de hecho ya equivale a la fórmula escogida, porque no hay “seguridad jurídica” que valga fuera de la legalidad vigente. Pero dio igual: esa ausencia de mención alguna a la Carta Magna fue vendida como un avance por los partitos independentistas y como una cesión inadmisible de Sánchez por parte de PP y Cs.
Un papel mojado puesto a secar
Por lo demás, la modestísima declaración de intenciones de Pedralbes quedó en papel mojado cuando en febrero, y pese a que Sánchez había llegado a aceptar incluso la figura de un tercero que mediara en las conversaciones, el dichoso «relator», la negociación voló por los aires coincidiendo con la cuenta atrás de los presupuestos, que finalmente no prosperaron porque el independentismo no los apoyó.
Ahí se acabaron la legislatura y la paciencia de Sánchez con Torra y su ejecutivo. Desde entonces, se ha encargado de escenificar de forma continuada su negación del pan y la sal a los independentistas. Hasta que le ha llegado la hora de hacer unos números que no salen sin ERC.
Este jueves, Aragonès, entrevistado en la COPE, ya planteó el escenario de Pedralbes como «un buen punto de partida» para negociar, y la alcaldesa de l’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín, se expresó en los mismos términos. Aquel exiguo comunicado consensuado hace 10 meses sin que nadie le concediera valor alguno, ahora, puesto a secar, se revaloriza reciclado en precio a pagar por la investidura.
