Los expertos señalan que la Generalitat vulnera el derecho comunitario al no ejecutar el contrato de ATLL

La Generalitat no tiene otra alternativa que resolver el contrato de gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL). La sentencia del Tribunal Supremo es clara en este sentido, ya que deja claro al Ejecutivo catalán que los mandatos del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (antiguo Oarcc) son ejecutivos. Si se empeña en hacer oídos sordos a la resolución que se dio a conocer este jueves, incurriría en una vulneración del derecho comunitario, indican los expertos consultados.

“La perspectiva desde la que debemos enjuiciar este litigio es la querida por los legisladores europeo y, en consonancia con él, el español”, afirma la sentencia dictada por Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado de la sección séptima de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Los juristas recuerdan que fue Bruselas quien “creó y obligó a los estados miembros a dotarse de un mecanismo rápido para resolver los conflictos administrativos”, afirma Joaquín Tornos, especialista en derecho administrativo del bufete Tornos Abogados. “Está obligado a ejecutar”.

Directiva comunitario

Torno es uno de los pocos juristas de Barcelona que puede pronunciarse libremente sobre el proceso judicial de ATLL. Los tres actores del conflicto –la Generalitat, Acciona y Agbar– han solicitado los servicios de casi todos los grandes bufetes especialistas en contratación pública. Los grandes despachos son, de una manera u otra, parte activa del conflicto.

La letrada del Icab Meritxell Barnola, experta del ámbito, apoya la valoración de Murillo. “Existe una directiva comunitaria que fue traspuesta a la ley que regula la contratación”, indica en declaraciones a Economía Digital.

Valoración sobre el fondo

Con la sentencia del Supremo en la mano, ambos especialistas desmontan el principal argumento del Govern de Artur Mas para mantener a Acciona al frente de ATLL. El Ejecutivo asegura que el escenario actual no ha cambiado porque el alto tribunal no le ha ordenado de forma taxativa que resuelva el contrato y que no ha entrado a valorar la cuestión de fondo: si la adjudicación realizada en diciembre de 2012 es correcta o no.

“El Supremo mira todos los intereses del conflicto y ya decide sobre el fondo al no otorgar la medida cautelar que pedía la UTE de Acciona”, señala Barnola. Justifica esta valoración en el histórico de la guerra del agua en Cataluña: la Generalitat firma el contrato con Acciona el 27 de diciembre de 2012 y, una semana después, el Oarcc decidió que la oferta del grupo de Entrecanales quedaba fuera del concurso al no cumplir con el pliegue de condiciones y rechazó la medida cautelar que solicitó, quedarse al frente de la compañía hasta que la justicia ordinaria no resolviera el conflicto.

“Para el Tribunal Supremo, la resolución de la Oarcc ya es suficiente garantía para no dar las medidas cautelares [que pedía Acciona y la Generalitat]”, afirma la letrada. “La Generalitat no tiene otra alternativa que ejecutar la resolución del Supremo”, añade Tornos.

Doble indemnización

Además de ir en contra una directiva comunitaria, la Generalitat también bordea el tener que pagar una doble indemnización por la gestión de la guerra del agua. Barnola afirma que si no ejecuta la sentencia Agbar tendría vía libre para reclamar “los beneficios que no ha obtenido hasta ahora” por estar al frente de la gestora de aguas que da servicio a 3,23 millones de personas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Por lo que los perjuicios económicos podrían ser mayores aún.

Responsabilidad

Ambos juristas también coinciden en afirmar que la responsabilidad del contrato de ATLL recae en el Govern y no en la persona que firmó formalmente el documento, el secretario del departamento de Territori i Sostenibilitat, Pau Villòria. “Quien adjudicó el contrato fue el órgano competente”, declara Tornos.

Por lo que también tendrían que responder sobre el proceso sus dos responsables políticos, actualmente en el sector privado. El ex consejero del departamento, Lluís Recoder, y el antiguo director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Leonard Carcolé.