El Supremo expulsa a Acciona de Aigües Ter Llobregat (ATLL)

Agbar gana. Acciona pierde. La Generalitat está abocada a un agujero de 1.000 millones de euros en sus cuentas correspondientes al ejercicio del 2012.

El Tribunal Supremo ha dado la razón este jueves al tribunal administrativo que media en la contratación pública en Cataluña: acepta las medidas cautelares que la institución presidida por Juan Antonio Gallo dictó en enero de 2013 y aparta a Acciona de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Tras la demanda, estaba el otro candidato para hacerse con el contrato, Agbar. 

Punto inicial de la adjudicación

La decisión del máximo tribunal español obliga al Govern presidido por Artur Mas a revocar al actual gestor de agua en alta (del lugar de captación al depósito de cabecera de los municipios) del área metropolitana de Barcelona, el grupo de la familia Entrecanales.

Obliga al Ejecutivo a volver al punto inicial de la adjudicación mientras no se resuelve la otra causa abierta en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la que se debate si la oferta presentada por Acciona cumple o no el pliego de condiciones del contrato adjudicado en la Navidad de 2012. La Generalitat había intentado por todos los medios evitar una resolución judicial en este sentido por los perjuicios económicos que debería hacer frente.

¿Qué implica revocar el contrato?

Y es que aunque el tribunal catalán decidiera que la adjudicación que firmaron los Entrecanales con el secretario general de la consejería de Territori i Sostenibilitat, Pau Villoria (el primer Gobierno de Mas estaba en funciones en ese momento) es correcto, la revocación ya se habrá hecho efectiva. El President y el responsable económico de su Ejecutivo, Andreu Mas-Colell, están contra las cuerdas.

Cuando la Generalitat cumpla con el mandato del Supremo, deberá añadir 1.000 millones de euros de déficit a su contabilidad y deberá encontrar 300 millones de euros en las maltrechas arcas catalanas para reembolsar a Acciona y a sus socios financieros en la operación, el banco brasileño BTG Pactual, la primera aportación para hacerse con el control de ATLL.

Debido a la inseguridad jurídica del contrato, los gestores no han desembolsado ninguna otra cantidad de las previstas en la operación. Incluso se han beneficiado de una prórroga en los impuestos relacionados con la transacción, que ascendían a unos 40 millones.

Déficit disparado

La Generalitat tiene que mover ficha. Debe decidir si asume de nuevo la gestión de ATLL (la opción de sus socios de gobierno, ERC) o preparar una adjudicación exprés para encontrar a un nuevo gestor para la empresa que esté dispuesto a asumir los gastos económicos que implica: poner sobre la mesa 300 millones de forma inmediata y comprometerse a pagar ellos 700 restantes en los 50 años que dura la adjudicación.

Mientras todo eso no ocurre, el déficit de la Generalitat de Cataluña se ha disparado. Mas se aleja cada vez más del 1% máximo que tiene fijado para 2014.