La Generalitat duda de la municipalización del agua en Terrassa
La Generalitat advierte al Ayuntamiento de Terrassa que se ha saltado dos trámites legales en el proceso para remunicipalizar el servicio del agua
La Generalitat pone en duda la legalidad del proceso de municipalización del servicio del agua en Terrassa. En un escrito dirigido al secretario del ayuntamiento, la Dirección General de Administración Local de la Generalitat, que dependen de la consejera Elsa Artadi, advierte de que el alcalde socialista Alfredo Valle se ha saltado algunos trámites de obligado cumplimiento.
Esta dirección general recuerda al Ayuntamiento de Terrassa que no han tramitado los preceptivos informes de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, según informa Expansión.
La ACCO es un organismo autónomo de la administración catalana. En tres ocasiones ha recordado al ayuntamiento que no había completado la tramitación administrativa. Ahora, la Dirección General de Administración local advierte al consistorio de que debía solicitar previamente un informe a la ACCO para acreditar que podían gestionar el servicio en régimen de monopolio. Posteriormente, debía solicitar otro dictamen a la Comisión Jurídica Asesora.
El Pdecat apoya la municipalización
El Ayuntamiento niega que sea necesario un informe de la ACCO que avale la explotación del servicio en régimen de monopolio. En el pleno del pasado mayo, el consistorio nombró a los cuatro concejales que formarán parte de la nueva empresa pública que se encargará del servicio del agua: Marc Armengol (PSC), que será su presidente; Xavier Matilla (Terrassa en Comú), vicepresidente; Miquel Sàmper (Pdecat) y Carlos Caballero (ERC). Las únicas formaciones que votaron en contra, PP y Ciudadanos, quedan fuera de este órgano.
El consejo de administración de la nueva Terrassa Cicle del Aigua EPEL tendrá once miembros: estos cuatro concejales, otros cuatro técnicos, dos representantes de los usuarios y uno del comité de empresa.
Esta empresa pública substituirá antes del próximo diciembre a la empresa privada Mina Aigües de Terrassa, que ha gestionado el servicio desde 1941. El relevo ha sido polémico y todavía queda pendiente de concretar el importe de las indemnizaciones que recibirá la actual concesionaria.
Con Jordi Ballart empezó todo
El proceso para remunicipalizar el servicio se inició a principios de la actual legislatura con el exalcalde socialista Jordi Ballart. Éste dimitió a finales del año pasado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Entonces, el grupo del Pdecat también abandonó el equipo de gobierno. Pese a gobernar en minoría, el actual alcalde ha tirado adelante el proyecto de su antecesor.
La concesión por un periodo de 75 años que se concedió a Mina finalizó en diciembre de 2016. Desde entonces se le ha prorrogado forzosamente la gestión del servicio.
