ERC juega ante sus bases con la investidura de Sánchez
La Moncloa asegura que no da instrucciones a la Abogacía del Estado sobre Junqueras y confía aún en cerrar la negociación con Esquerra por la vía rápida
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de pie, entregando a Sánchez un ejemplar del libro de cuentos escrito por Junqueras en prisión en julio. Foto: EFE/Ballesteros
ERC debate este sábado su futuro y su estrategia política en un congreso situado en el calendario en un momento crítico para la investidura de Pedro Sánchez. La dirección del partido independentista no espera un cónclave convulso, pero aún está por ver cómo impacta en el encuentro la sacudida que ha supuesto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala que Oriol Junqueras debería haber tenido inmunidad desde que se proclamaron los resultados del 26-M.
La dirección del partido, en plena euforia por lo que el independentismo ha considerado un triunfo arrollador, anunció el jueves que congelaba la negociación con el PSOE a la espera de que la Abogacía del Estado se signifique sobre los pasos a seguir ahora con Junqueras, e hizo saltar las alarmas en la Moncloa y la dirección socialista.
Pero esa congelación no tardó ni 24 horas en empezar a derretirse. Y fue por obra y gracia del propio Junqueras, que en una entrevista por escrito en Catalunya Ràdio efectuada antes de ese anuncio pero difundida después, este viernes, aseguraba que «no debe detenerse la negociación en ningún caso», con independendencia de que él siga o no en la cárcel.
Pese a las palabras del líder de Esquerra, el presidente del grupo de los republicanos en el Parlament, Sergi Sabrià, insistía este viernes en la postura esgrimida el jueves: «No vamos a volver a vernos [con el PSOE] hasta que sepamos cual es la respuesta del Gobierno».
El Gobierno se aferra a Junqueras
Pero en la Moncloa se aferran a las declaraciones de Junqueras. Así lo hizo la portavoz del ejecutivo en funciones de Sánchez, Isabel Celaá, que abogó porque la sentencia de la justicia europea no sea «ningún obstáculo» para las conversaciones con ERC y que aseguró incluso que el Gobierno no descarta aún su escenario preferido: el de una investidura antes de fin de año, pese a que lo ajustado del calendario complica sobremanera esa posibilidad.
Celaá insistió en todo caso en que hay que dejar que los «caminos políticos» y los temas judiciales transcurran cada uno «por su cauce», pero el caso es que la Abogacía del Estado, que en junio ya se mostró favorable a que Junqueras pudiera recoger su acta de eurodiputado, depende del Gobierno, así que todos los ojos, los primeros los de Esquerra, están puestos sobre las alegaciones que tiene que presentar ante el Supremo de cara a la decisión que tiene que tomar este sobre cómo aplicar la resolución del tribunal de Luxemburgo.
La ministra portavoz se limitó en ese punto a contemporizar. Alegó que la abogacía tiene que estudiar a fondo la sentencia antes de presentar su escrito —para el que el Supremo dio el jueves un plazo de cinco días hábiles— y que, pese a depender jerárquicamente del ministerio de Justicia, «no recibe instrucciones ad hoc del gobierno», sino que «se rige por el principio de legalidad y buscando el interés general».
La dirección de ERC se examina en su congreso
A la espera de esas alegaciones gubernamentales, la dirección de Esquerra somete este sábado su estrategia al escrutinio de los 1.700 militantes que se han inscrito para participar en su congreso, y en el que se tiene que votar una ponencia política que sirva de brújula para el partido los próximos años.
Es el borrador presentado por la dirección se proponen tres vías para volver a celebrar un referéndum. La primera es la de explorar la vía acordada. La cúpula admite que ese escenario «es ahora mismo imposible», pero insiste en que hay que perseverar y que de hecho es la prioridad. «No podemos ni queremos renunciar a tener esa vía abierta por nuestra parte, apelando al diálogo, a la negociación y a la necesidad de una resolución democrática».
La segunda vía pasa por forzar al Estado a autorizar el ejercicio de la autodeterminación a base de «movilización constante», de acciones de «desobediencia civil y de lucha no violenta» y de conseguir un «avance reiterado en las urnas» y «complicidades y avales internacionales».
La tercera, incorporada para tratar de satisfacer a los sectores que se niegan a renunciar explícitamente a la vía unilateral, es la de «volverlo a hacer» pero «independientemente de de la existencia del acuerdo con el Estado».
El objetivo a largo plazo es cristalino. En el ínterin, espera Sánchez.
