El caso Junqueras amenaza con barrer la investidura de Sánchez
La sentencia de la justicia europea hipoteca la negociación entre el PSOE y ERC, que sube el precio de su apoyo y reclama gestos a la Abogacía con su líder
El verdadero tsunami fue la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este jueves dictaminó que Oriol Junqueras debería haber gozado de inmunidad desde la proclamación de los resultados del 26-M en una sentencia que, más allá de la sacudida que puede suponer para el Tribunal Supremo (TS), puede llevarse por delante también la investidura de Pedro Sánchez.
En plena euforia, ERC no solo ve en la resolución del TJUE una palanca con la que torcer el brazo al Supremo, sino también una oportunidad para subir el precio el precio de la investidura a los socialistas, a los que ahora les exige un gesto de la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, en forma de reparación para Junqueras.
No aprovechar esa oportunidad sería para la cúpula de Esquerra colocarse en una situación de debilidad frente a sus bases y dar gasolina a sus críticos, que los tiene, un asunto nada menor teniendo en cuenta que el partido está a a las puertas del congreso en que el sábado tiene que redefinir su línea política de cara a los próximos años, y en el que la negociación con Sánchez será uno de los puntos calientes.
De ahí que el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, coordinador nacional y hombre fuerte de ERC en la Generalitat, repitiera tan pronto se conoció el fallo del TJUE el mantra de que lo que negocian los de Junqueras «no es una investidura, sino una solución política», una solución, remató, que también implica desandar «el camino represivo» por el que a su juicio han apostado hasta ahora el Gobierno y la judicatura para lidiar con el independentismo.
Ese fue el primer aviso. Horas después, tras una reunión de urgencia de la dirección del partido, su portavoz, Marta Vilalta, fue más allá y anunció la ruptura de las negociaciones hasta que haya un pronunciamento sobre Junqueras por parte del PSOE y del ejecutivo ahora en funciones de Sánchez, en este último caso, a través de la Abogacía. Al lado de esta crisis, los enfados de Esquerra provocados por el secretario de organización del PSOE, José Luís Abalos se antojan ahora una minucia.
La Moncloa gana tiempo
Ante el órdago, la Moncloa optó por la cautela, y anunció que la Abogacía estudiará la sentencia de la justicia europea y presentará su escrito ante el Supremo «en los próximos días». Tiene cinco, que son los que ha dado el TS a las partes —también a la fiscalía, la acusación particular ejercida por Vox y la defensa de Junqueras— para que presenten las alegaciones que consideren en virtud de la resolución del TJUE.
A diferencia de la abogacía, que en junio ya se mostró favorable a que Junqueras obtuviera un permiso para recoger su acta de eurodiputado —permiso que el Supremo no le concedió—, la fiscalía reaccionó de manera inmediata y al rato de conocerse el fallo, presentó su escrito, en el que subraya que la decisión del tribunal de Luxemburgo no implica la excarcelación del expresidente catalán por estar ya condenado con sentencia firme y en que reclama que el TS solicite al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad.
Desmarcándose del ministerio público, el gobierno socialista emitió un comunicado en que mostraba su escrupuloso respeto por la sentencia de la justicia europea, recordaba que la misma ni analiza ni se pronuncia sobre la sentencia de la causa del procés y circunscribía al TS la decisión sobre cómo dar cumplimiento a la misma.
La nota incluye también un último punto que nada dice del fallo y en clave de mensaje a ERC, en el que ratifica «la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo netre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».
La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, insistió en la idea: se trata, dijo, de respetar las decisiones judiciales y desvincularlas de la negociación política, de iniciar una nueva etapa en que «la política esté en la política». La expresión se parece mucho a aquello de «devolver la política a la política» que reclama de forma sistemática ERC, aunque en su caso eso significa también «desjudicializar», Aragonès dixit, las decisiones tomadas por sus dirigentes. Y, en última instancia, liberar a Junqueras.
Ni de lejos pide el TJUE esa liberación, aunque el independentismo va a apoyarse a partir de ahora en la bomba caída este jueves en Luxemburgo para tratar de volar toda la causa en el Supremo. Pero antes, la onda expansiva pasa por el Congreso, donde amenaza con arrasar el nuevo asalto de Sánchez a la investidura.
