Díaz Ayuso logra carta blanca para multar y ampliar las restricciones en Madrid

Ya es oficial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado las restricciones aprobadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para tratar de frenar la propagación del coronavirus en la región. La Fiscalía de la comunidad argumenta en su informa que las medidas adoptadas en 37 zonas, incluido su confinamiento perimetral, son medidas “temporales” y “excepcionales” adoptadas por razones de “salud pública” para la contención de la pandemia.

Así, el Ejecutivo madrileño ya tiene carta blanca, por un lado, para comenzar a multar a aquellos que se salten las normas con sanciones que oscilan entre los 600 y los 600.000 euros. Las excepciones de movilidad serán únicamente para casos imprescindibles como visitas médicas, el cuidado de personas dependientes, desplazamientos al trabajo o al colegio e ir al banco

Y por otra parte, el Gobierno ya puede ampliar los confinamientos a más zonas urbanas en las que la situación epidemiológica suma una incidencia similar de casos positivos a la de los barrios cerrados. El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, anunció que este viernes anunciarían su decisión final, y ahora que cuentan con el aval de la justicia, podrán aplicar nuevas medidas que entren en vigor a partir del próximo lunes.

En Madrid capital, hay nueve zonas que ya han superado la barrera de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes: Lavapiés, Canillejas, García Noblejas, San Isidro, Rafael Alberti, Orcasitas, Vicálvaro-Artilleros, Campo de la Paloma y Villaamil. Y en los municipios periféricos de la capital también se han detectado varias zonas que corren riesgo de terminar con un confinamiento como Doctor Trueta y Miguel Servet, ambas en la localidad de Alcorcón.

El ejército se desplegará este lunes

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid pedirá este lunes a Pedro Sánchez​ el apoyo del Ejército para cuestiones sanitarias, según han informado fuentes del Ejecutivo madrileño a Efe. La entrada de la Unidad Militar de Emergencias, la Policía Nacional o la Guardia Civil se demorará hasta después de esta reunión. Según ha asegurado este jueves el delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, las fuerzas de seguridad podrían estar actuando hoy mismo, pero será el Ejecutivo regional el que marque «el momento y los lugares» del dispositivo, a la espera de aprobar nuevas restricciones.

En cuanto a la limitación de las reuniones a seis personas en toda la región, la Fiscalía ha remitido otro informe al TSJM en el que plantea que ni siquiera es necesaria la ratificación judicial. El motivo es que la norma no implica una limitación o restricción “al menos directamente” del derecho de reunión.

De todos modos, el documento, al que ha tenido acceso Efe, precisa que no se opone a la ratificación en su caso de esta medida porque que la orden de la Consejería persigue evitar aglomeraciones y asegurar que se pueda mantener la distancia de seguridad para reducir el riesgo de contagio.

La Fiscalía descarta el Estado de alarma

Para la Fiscalía tiene sentido que en casos como el de esta pandemia «los avatares de la enfermedad no deben estar continuamente obligando a que se decrete el estado de alarma, al menos para las restricciones de derechos que no revistan particular intensidad, sin perjuicio de que el legislador pueda habilitar instrumentos normativos de mayor seguridad jurídica», asegura el informe.

Al respecto cita la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reseña que deben concretarse las medidas que pueden adoptarse, «quién puede hacerlo, cuáles son los supuestos en los que se pueden aplicar, a qué sujetos pueden afectar, qué alcance pueden tener, que procedimiento hay que emplear y cuáles son sus consecuencias».

La Fiscalía a recordado que el decreto de alarma, aplicado el pasado mes de marzo al inicio de la pandemia, no solo incluía la prohibición de entrada y salida en determinados espacios, sino también la de circular por las vías y espacios públicos. En cambio, la orden de la Consejería permite la circulación de personas residentes dentro de los ámbitos territoriales afectados.

La Fiscalía pone de manifiesto que los informes de las autoridades sanitarias «fundan la medida en el incremento exponencial de contagios, hospitalizados y fallecidos, con gravísimos riesgos para la salud», lo que «hace que sea imprescindible para atajar la pandemia».