Así borró Puigdemont el rastro del dinero en el referéndum
La Generalitat usó a figuras extragubernamentales como Xavier Vendrell (ex de ERC) para pedir trabajos y comunicó que los pagos no saldrían del gobierno
Carles Mundó fue el primero de los acusados en el juicio del procés en apuntar que el referéndum ilegal del 1-O se sufragó con fondos privados. Eso fue el 20 de septiembre. Al día siguiente, el también exconseller Santi Vila dijo que él intuía que quien lo pagó fueron mecenas y/o empresarios y detalló que el propio Carles Puigdemont corrió un tupido velo: no debía preocuparse de nada porque la financiación del referéndum no comprometería a la Generalitat.
Lo cierto es que las acusaciones del juicio del procés buscan las evidencias de que hubo malversación, pero están hallando dificultades para encontrarlas. Lo tendrán difícil porque la Generalitat maniobró para externalizar de manera perfectamente calculada la organización del 1-O y, en particular, su financiación a sabiendas de que podían pisar el terreno del delito.
Las declaraciones de los informáticos Vicente Nos y Quim Franquesa, con quienes la Generalitat contactó en verano de 2017 para encargarles el desarrollo de un sistema de votación electrónica no centralizado, permitieron visualizar la estrategia del ejecutivo de Puigdemont para borrar el rastro del dinero y el papel crucial que tuvo Xavier Vendrell, exdirigente de ERC.
Vendrell, el conseguidor
A Nos le contactó Franquesa, y a este le había contactado telefónicamente alguien que en primera instancia se identificó como “Jordi” —y que resultó ser Vendrell, exsecretario de Organización de ERC y exconseller de Governación en tiempos del tripartito—. El conseguidor Vendrell formaba parte en ese momento del núcleo duro de asesores externos de Puigdemont —el llamado estado mayor del procés—, del que también formaban parte el editor Oriol Soler y los propios presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ambos procesados en el Supremo.
Fue Vendrell quien explicó a Franquesa que querían un sistema de voto electrónico descentralizado y seguro para el referéndum, y que este sería legal porque estaría amparado por la ley de consultas referendarias que el Parlament acabaría aprobando en el pleno del 6 y el 7 de septiembre.
El 16 de agosto, a Nos y Franquesa los citaron en el Palau de Pedralbes para presentar una propuesta, pero no a Vendrell, sino a la cúpula de la Generalitat. Asistieron Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras; la ahora y entonces número dos de ERC Marta Rovira, y una quincena de personas más que ninguno de los informáticos supo identificar.
Financiación privada
El trabajo, finalmente, no se hizo. Por un lado, porque a principios de septiembre, los dos informáticos vieron claro que la ley del referéndum prometida para dar cobertura legal al referéndum estaba condenada a estrellarse con el Constitucional en cuanto se aprobara.
Por otro, porque, a falta de menos de un mes para el 1-O, ya prácticamente no había tiempo material para desarrollar el sistema ni tampoco nadie les había concretado cómo y cuándo iban a cobrar los aproximadamente 500.000 euros que habían presupuestado por hacer el trabajo, parte del cual querían por adelantado para poder sufragar gastos varios. Nunca supieron quién iba a pagar, pero sí quién no iba a hacerlo. Les dejaron claro que el pagador en ningún caso sería el gobierno catalán.
Renuncias a cobrar facturas
Otros sí llegaron a hacer trabajos para la Generalitat o bien ofrecerle servicios que, directamente, renunciaron a cobrar. Es el caso de El Punt Avui, cuyo director, Xevi Xirgo, declaró que el diario, de línea abiertamente independentista, insertó anuncios del referéndum pero nunca los cobró porque fue una colaboración «sin ánimo de lucro».
La renuncia al cobro se produjo incluso referida a encargos del departamento de Presidencia no directamente relacionados con el 1-O. Dos empresas que siguen trabajando para la Generalitat renunciaron a cobrar algunos de sus trabajos. Una, según explicó su director, Ferran Burriel, fue Nothingad Comunicació, que, para sorpresa del fiscal Jaime Moreno, renunció al cobro de una factura de 80.000 euros (más IVA) por la creatividad de una campaña de publicidad sobre el registro de catalanes en el exterior, no directamente relacionada con el referéndum,
La otra, que gestionó la inserción publicitaria de esa misma campaña, fue Focus Media, que una de sus directivas, Olga Solanas, admtió que facturó 130.000 euros (más IVA) que no llegó a cobrar por razones que ella dijo desconocer.
También la diseñadora Teresa Guix renunció a cobrar por haber presentado la primavera de 2017 un diseño, también encargado por Presidencia, para la web del Pacte Nacional pel Referéndum, que abogaba por impulsar un referéndum pactado. Guix presentó una factura por 2.700 euros, pero tras ser llamada a declarar al juzgado número 13, que ya entonces investigaba los planes independentistas, decidió emitir una factura negativa por la misma cantidad para dejar sin efecto la primera y ahorrarse problemas.
