Sánchez reparte con los bancos la salida de la crisis

«Este virus lo paramos unidos». La campaña de concienciación con la que el Gobierno español está enfrentando la crisis sanitaria no tiene como destinatario único a los ciudadanos. Tras la presentación del plan de choque económico este martes, con el que el gobierno quiere movilizar hasta 200.000 millones, empresas, bancos e inversores también se han dado por aludidos y los dos últimos, al menos, deberán asumir el riesgo algo más de un 40% de la propuesta.

El Estado movilizará recursos, pero de manera moderada. De forma directa, Sánchez pone sobre la mesa 17.000 millones. Otros 100.000 millones llegan en versión de avales (el Estado se responsabilizará del pago de la deuda para facilitar y abaratar el crédito, pero lo concederán otros). Pedro Sánchez, además, espera que el «sector privado», que da la impresión que será principalmente la banca y otros posibles financiadores, completen el resto del plan (83.000 millones más). En recompensa, el Estado asumirá el coste del aluvión de despidos que se visualiza.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras anticipó el martes que hasta un millón de trabajadores podrían ver en riesgo su puesto de trabajo por el impacto de las medidas de contención contra la pandemia; tras haberse registrado ya numerosos expedientes de regulación temporales de empleo.

Para las arcas del Estado va a ser un golpe. En enero, España abonó más de dos millones de prestaciones por desempleo; lo que supuso un gasto mensual ligeramente inferior a los 1.900 millones. Una cifra que se podría acercar a los 2.600 millones cada mes (un 39% más) si se cumplen las previsiones adelantadas por Sordo. 

Los ingresos públicos también se van a resentir. Independientemente de la recaudación que se perderá por la caída del consumo (IVA), IRPF o Sociedades, también ha prometido liberar de las cotizaciones a la Seguridad Social a aquellas empresas que mantengan el empleo tras el ERTE; lo que reducirá los ingresos de la Seguridad Social. 

El propio Sánchez reconoció el martes en su intervención tras el consejo de ministros que, dado el contexto, ahora mismo no podría elaborar Presupuestos y los pospuso para más adelante; para la «reconstrucción» que se necesitará para relanzar la economía una vez se supere el caos económico provocado por el coronavirus. Entonces, pedirá ayuda a todos los partidos políticos.

Por la recuperación en V y no en L

El presidente del Gobierno mandó un mensaje claro a las empresas el martes: que no aprovechen la crisis para recortar empleo. La alerta sanitaria por el coronavirus se ha producido después de un tira y afloja entre el Ejecutivo del PSOE y Unidas-Podemos con la CEOE por la posible reversión de la reforma laboral del PP. Esta posibilidad ya había creado tensiones sobre el empleo y algunos ERE; que la crisis sanitaria ha venido a complicar más.

Sánchez, esquivando la polémica antes de surgiera, cortó durante su intervención este martes las especulaciones sobre el respaldo del sector empresarial al plan, y señaló que las medidas económicas de emergencia se había acordado después de hablar con la patronal y los sindicatos; a los que agradeció su ayuda. Durante toda su intervención recordó que la unión era lo único que podía asegurar que la salida de la crisis fuera en V (rebote); frente a una L (caída y estancamiento).

Menos deuda privada, pero más deuda pública

La crisis del coronavirus pilla al sector financiero y al sector empresarial menos apalancado que antes de la crisis financiera; al contrario de lo que sucede con el Estado. Esta mejor situación hace pensar que las empresas son más resistentes para aguantar un periodo de golpe económico; y que la banca también, además de que será imprescindible para poner en marcha el plan de choque aprobado por el Gobierno.

Algunas entidades ya habían empezado a lanzar ofertas de líneas de crédito para empresas antes de las medidas anunciadas por Sánchez, pero previsiblemente las condiciones de los préstamos avalados deberían ser más ventajosas que las que no cuenten con respaldo del Estado. El riesgo del resto del paquete de la inyección -si fuera necesario- tendrán que asumirlo los bancos a través de refinanciaciones, o ampliando líneas de crédito a las pymes -es decir, asumiendo más riesgo-.

El riesgo de aumento de la morosidad será más profundo porque también se extiende a las hipotecas. Sánchez ha anunciado una moratoria hipotecaria para las familias desprotegidas, pero es otro elemento que elevará los impagos.

Si la situación se alarga y los bancos se ven obligados a colocar estas hipotecas en mora, también tendrán que elevar las provisiones; perdiendo beneficios; en un entorno donde sus rentabilidades ya son muy bajas -y con escasas expectativas de mejora- por el largo ciclo de tipos negativos que acumula la zona euro.

La crisis sanitaria, sin embargo, pilla a los bancos mucho más limpios, y a los supervisores más cómplices. Así, en 2019, la morosidad de la banca española cayó por debajo del 5%; la EBA acaba de suspender los test de estrés este año y el BCE ha relajado los requisitos de capital para impulsarles a prestar – las últimas medidas de Christine Lagarde les incitan a que asuman más riesgos-. 

Un plan ‘equilibrado’ con Alemania y Francia

La crisis del coronavirus ha pillado a España con un nivel de deuda equivalente al 95,8% del PIB. La situación es mejor que la de Italia -con el 130%-; está en línea con la de Francia y es bastante peor que la de Alemania, que rondaría el 60% (estos cuatro países son los más afectados por la expansión del virus dentro de Europa en este momento).

Aunque en términos globales el plan de rescate español tiene un importe menor que el de Francia y Alemania, los recursos movilizados son incluso superiores, ya que nuestra economía es más pequeña. Con datos provisionales, de acuerdo con Eurostat, el PIB español habría cerrado 2019 por encima de los 1,2 billones; frente a los 2,4 de Francia y los 3,4 del país que lidera Ángela Merkel.

Tomando como referencia las cifras que cada uno de estos estados va a movilizar contra la crisis sanitaria -200.000; 300.000 y 500.000 millones-, el plan español equivaldría al 16% del PIB del año pasado; por el 12 y el 14% de Francia y Alemania, respectivamente. Si se elimina la colaboración privada al plan, el riesgo asumido por España de manera individual equivaldría casi al 10% del valor de nuestra economía.