Los abogados denuncian el reparto a dedo del negocio de las grandes quiebras entre jueces y administradores

El negocio millonario de administrar una empresa en quiebra se ha convertido en el ojo de un huracán de intereses entre bufetes de abogados, jueces y administradores concursales. Los más de 2.400 profesionales y firmas inscritas en el listado para administrar compañías en concurso de acreedores se quejan de que el gran negocio de la bancarrota está reservado a un puñado de grandes empresas.

Los jueces mercantiles de Madrid disponen de un listado de 2.447 profesionales pero siempre terminan llamando a los mismos cuando quiebra una gran corporación, según denuncian las empresas no favorecidas. La queja ha sido recogida por el Colegio de Abogados de Madrid que ha propuesto limitar el poder absoluto que tienen los jueces a la hora de designar a los administradores concursales.

“Es el gran negocio de los jueces y se presta a corruptelas. Hemos propuesto que los jueces mercantiles decidan el administrador concursal a partir de una terna que sea suministrada por los colegios profesionales. Así se evita el nombramiento de amigos y de compañías con enormes intereses e influencias”, asegura Ignacio Gordillo, diputado primero del Colegio de Abogados de Madrid y ex fiscal de la Audiencia Nacional durante 30 años.

Los primeros en cobrar

Las minutas mensuales de una empresa que administre la quiebra de otra grande pueden rondar los 10.000 euros. Se cobra un porcentaje del activo y del pasivo de la compañía. Por ley, el administrador siempre cobra primero –incluso antes que Hacienda y la Seguridad Social– y aunque reflote o liquide la empresa, siempre recibirá sus pagos.

Los administradores concursales de Martinsa-Fadesa cobraron, cada uno, unos cuatro millones de euros. En Barcelona, el administrador concursal de la empresa MC Ediciones ha cobrado cerca de medio millón de euros por la misma gestión mientras los ex empleados afectados por el expediente de regulación de empleo todavía reclaman los sueldos atrasados desde hace más de un año.

“Es injusto, pero no es culpa de los administradores concursales, sino del legislador que ha concebido la ley de esta manera”, explica el abogado y administrador concursal de pequeñas empresas, Carlos Guerrero.

Conferencias polémicas

La apretada agenda de los jueces mercantiles de Madrid suele tener varios paréntesis al año, que cada vez se hacen más frecuentes: las conferencias, seminarios y jornadas organizadas por las grandes firmas de administradores concursales de España.

Allí los jueces acuden para dar conferencias sobre derecho concursal en unas jornadas pagadas por los administradores concursales que son designados por los jueces. El más conocido se celebró del 10 al 12 de julio pasado en el hotel Lopesan Baobab Resort, patrocinado por 20 firmas, entre ellos Magdaleno y Ramos, Roca Junyent, Alas Abogados y Administradores Concursales. La práctica genera recelo y ha levantado suspicacias entre los funcionarios de justicia.

Uno de los casos más sonados fue el del ex juez mercantil número dos de Valencia, Fernando Presencia, que adjudicó administraciones concursales a 27 de sus 44 alumnos de máster. Tras el escándalo, el Consejo General del Poder Judicial lo trasladó a Toledo. “Es un tema delicado porque si se generaliza la desconfianza en la decisión de los jueces, entonces ¿en quién podemos confiar? La alternativa a este sistema tampoco es sencilla”, explica el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

El sorteo

Los jueces mercantiles tienen, por ley, libertad absoluta para decidir quiénes gestionan a una empresa en suspensión de pagos. “El listado de candidatos es grande, pero pocos están capacitados para llevar la quiebra de una empresa con más de 10 millones de euros en activos”, explica Carlos Guerrero. “Si un juez le da un concurso a cualquiera, corre un grave riesgo él, la empresa y los acreedores”, añade.

Pero entre los magistrados, también surgen voces que abogan por la sustitución del actual sistema. “La alternativa debe ser un sorteo al que ingresen las empresas capacitadas para administrar estas grandes quiebras”, opina el juez Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. “Tenemos que velar porque todos cumplan las leyes. Y los jueces, los primeros”, agrega.