Los trabajadores de MC Ediciones señalan irregularidades en la empresa

Los trabajadores de la editorial MC Ediciones, con unas 80 cabeceras de revistas como Qué Leer, Penthouse o Casa Viva, votarán el próximo 6 de junio en asamblea interponer una demanda contra la empresa por las graves irregularidades administrativas que –aseguran– se han encontrado en los últimos años.

Los abogados de los trabajadores, el Colectivo Ronda, ya habían intentado dar curso legal a las irregularidades que los trabajadores aseguran haber detectado, pero no fueron admitidas por el juzgado que supervisa el concurso de acreedores. El juez titular del juzgado número 7 de lo mercantil de Barcelona, Raúl García, aseguró a Economía Digital que no había aceptado el recurso presentado por los abogados del colectivo Ronda porque el proceso se encuentra en la primera fase en la que los trabajadores y la empresa llegaron a un acuerdo para la extinción de los contratos de trabajo y, por tanto, la petición no era pertinente.

No obstante, el juez ha dejado la puerta abierta para estudiar estas irregularidades si los abogados del colectivo Ronda dan forma jurídica a las denuncias y la presentan en futuras fases del proceso.

Trabajadores fantasmas

En la última reunión con sus representantes legales, los trabajadores expusieron algunas presuntas irregularidades como por ejemplo que una familiar del propietario cobraba aún después de haber fallecido y que algunos trabajadores que nunca asistieron a la empresa, recibían el pago de salarios de forma regular. Las prácticas podrían suponer una descapitalización programada de la compañía, sospechan los despedidos.

Los afectados por el ERE también han puesto el punto de mira en la valoración excesiva de algunas cabeceras que la empresa había entregado como forma de pago a proveedores y que terminó por multiplicar por cinco su valor real, según los trabajadores. Los portavoces de MC Ediciones han declinado comentar el concurso de acreedores y las acciones judiciales que valoran los exempleados.

La demanda implicaría un nuevo desembolso y sólo se llevará a cabo si una buena parte de los trabajadores decide apoyarla. Los afectados también decidirán en asamblea si impugnan el valor de los activos presentados por la empresa, ya que sospechan que se encuentran sobrevalorados.