La Generalitat se condena a indemnizaciones millonarias a las VTC

La posibilidad de que los propietarios de licencias VTC terminen cobrando indemnizaciones millonarias desde la Generalitat está cada vez más cerca de ser una realidad. El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) acerca a los tenedores de estas autorizaciones, las que utilizan los chóferes de Uber y Cabify, a reclamar y ganar en los tribunales al Gobierno regional, que hace menos de un mes aprobó una normativa que motivó a ambas plataformas de movilidad a salir de Cataluña. 

Además de la inconstitucionalidad que el CGE, órgano consultivo dependiente del Parlament, aprecia en dos de los cinco puntos analizados, el informe abre la puerta a que las indemnizaciones a los tenedores de licencias VTC se paguen y, además, única y exclusivamente desde la administración catalana. «La norma del artículo 4.2 (los 15 minutos de precontratación) dificulta aún más la materialización […] y, por tanto, es susceptible de ser objeto de reclamación patrimonial para con la administración pública catalana, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos», reza textualmente el informe.

“Creemos que es importante llamar la atención de la Generalitat sobre la potencial reclamación económica a cargo de la hacienda pública que puede impulsar el sector empresarial y profesional afectado”, se añade en un trabajo al que, tal y como reconoció minutos después la misma portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, se hará caso omiso. El decreto se someterá a su convalidación sin modificar una coma del aprobado.

Las quejas del CGE se unen a las de los organismos de Competencia, que ya advirtieron antes de los peligros del decreto impulsado por Calvet

No obstante, las conclusiones del CGE fueron celebradas por los distintos grupos empresariales afectados por el decreto que impulsó el conseller Damià Calvet, quien se doblegó ante el taxi para salvar la última edición del Mobile World Congress. “Han dejado la pelota botando a los empresarios para que reclamen”, comenta a Economía Digital una fuente jurídica de las VTC que acaba de leer el informe y trabaja para los tenedores de estos permisos. 

El CGE, según comenta el mismo testimonio, despeja muchas dudas a nivel jurídico sobre si existe un perjuicio económico a los afectados, quién es el causante y cuál es la cantidad a reparar. «Los dos primeros ya están claros: existe perjuicio y el causante es la Generalitat”, afirma. «No deja de ser llamativo que un organismo como CGE, cuya composición es representativa de la del Parlament (mayoría favorable a la Generalitat) se pronuncie por unanimidad en contra de dos aspectos de una normativa anti-Uber aprobada por la Generalitat«. 

No es la única advertencia que el gobierno catalán ha recibido sobre su normativa. La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) afirmó hace menos de un mes que “el establecimiento de la obligación de precontratar el servicio con una anticipación determinada supone la introducción de ineficiencias artificiales e injustificadas«.

Este organismo, equivalente a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en Cataluña, salió al paso ante la inminente aprobación de la normativa, pese a que ya había emitido informes jurídicos con anterioridad sobre los riesgos de una precontratación (sea de 15 minutos o una hora).

La Generalitat, sola ante los pagos

Las VTC, a través de su patronal Unauto, ya advirtieron de los peligros de la regulación catalana. Unauto consideró que el gobierno catalán ponía en riesgo aproximadamente 1.050 millones de euros. Esta cantidad se calculó teniendo en cuenta las 4.500 reclamaciones que llegarían al Ministerio de Fomento y los 233.000 euros que cada propietario podría reclamar por licencia (Cataluña es el segundo punto de España con más VTC, solo superado por Madrid).

Los principales beneficiados de estas indemnizaciones, hasta entonces perdedores en la guerra del taxi, serían tres grupos empresariales: Vector Ronda Teleport, ligada a Rosauro Varo (ex Pepephone); grupo Auro, liderado por José Antonio Parrondo, un exjefe histórico del taxi, y Moove Cars, controlado en un 70% por el fondo americano King Street, que maneja su participación a través de un vehículo de inversión radicado en Luxemburgo. Muchos de ellos ya anunciaron el cese de su actividad tras la entrada en vigor del decreto.

El tercer punto que ha llevado a la Generalitat a un callejón sin salida es el adelanto electoral. Diferentes fuentes consultadas coinciden en que el Govern, que terminó aprobando el real decreto de manera exprés cuando el proyecto todavía estaba en fase de enmiendas — el Congreso lo aprobó en octubre, pero aceptó que se tramitase como proyecto de ley — , se quedará ahora solo, ya que el decreto no protege a ninguna administración que se salte el periodo transitorio fijado por el ministro socialista José Luis Ábalos.

Por todo ello, los distintos gabinetes jurídicos de las VTC ya trabajan en un potencial recurso de inconstitucionalidad, para el cual hay pocas salidas. Las más verosímiles son acudir a un Defensor del Pueblo o conseguir el apoyo de 50 diputados nacionales o 50 senadores, independientemente de que estén o no en activo en el momento en el que se resuelve el conflicto. Estas dos últimas posibilidades son las que más se están trabajando.