Todos contra Ábalos: taxi, Uber, Cabify y VTC recelan del ‘decretazo’
Ábalos explica las líneas maestras del real decreto que regula a las VTC para contentar al taxi, pero todos los sectores ven muchos grises
El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa en Moncloa. Foto: EFE
Casi 70 días después de que el taxi diera tregua al Gobierno, el ministro de Fomento agotó su tiempo y presentó su plan para finalizar la guerra que el sector mantiene con las VTC, las autorizaciones que utilizan los conductores de Uber y Cabify. Pero no ha dejado contento a nadie.
En las líneas básicas, pocos cambios respecto a lo esperado: el Gobierno se pliega al taxi, pasa la patata caliente a las comunidades autónomas y establece una moratoria de cuatro años para que las VTC puedan adaptarse a la nueva normativa.
Este medio ha tenido acceso al texto definitivo que mañana sábado se publicará en el Boletín Oficial del Estado, en el que cada punto decepciona a uno de los sectores. El primero es la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, que enfurece a la VTC. En el texto consultado se desliza que estos organismos regionales puedan expedir una licencia urbana extra, una medida que ideó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Esta iniciativa, previa a la llegada de Ábalos al ministerio, se impugnó en los tribunales y terminó siendo papel mojado.
Concretamente, según reza el texo, «se permite que sean los órganos que ostenten competencias en materia de transporte urbano los que, en el ejercicio de éstas, determinen las condiciones en las que podrán ser autorizados y prestados los servicios de transporte de viajeros íntegramente desarrollados en su ámbito territorial».
La moratoria de cuatro años no es de agrado para el taxi
La otra novedad es la moratoria, posibilidad que no gusta al taxi y con la que se especuló en los últimos días. Fomento entiende que esta transición, que será definitivamente de cuatro años, debe darse «para garantizar el adecuado equilibrio entre la nueva regulación y los derechos existentes en el momento de la entrada en vigor de este real decreto-ley».
El otro objetivo, según se añade en el documento, es que estos cuatro años equivalen a «una compensación por los perjuicios que la nueva definición del ámbito territorial de las autorizaciones pueda ocasionar a los titulares de las otorgadas con arreglo a la normativa anterior». Durante este plazo, añaden, las VTC «podrán continuar prestando servicios en el ámbito urbano».
¿Golpe a Uber y Cabify?
Todo ello, en la práctica, restringirá la actividad de Uber y Cabify, que prestan su servicio en ciudades donde el ratio 1/30 (1 vehículo con licencia VTC por cada 30 taxis) no se cumple. En algunas, como Madrid o Barcelona, esta proporción es diez veces inferior.
Pero el ministro de Fomento quiso despejar las dudas sobre el impacto que el real decreto ley iba a tener en el sector VTC, que da trabajo a más de 15.000 personas, de acuerdo a los datos de la patronal Unauto.
“No se tiene que producir una pérdida de empleo”, remató el ministro, que cree que esta medida únicamente pretende igualar a un sector con otro, ya que hasta el momento se producía una competencia desigual.
Fin al oscurantismo de Ábalos
El secretismo de Ábalos era máximo. Durante la última semana diferentes fuentes implicadas en el proceso trasladaron su malestar porque el ministro, pese a acelerar los contactos con llamadas y reuniones, se negaba a enseñar un primer borrador del texto.
“Llevamos dos días de reuniones en Madrid, pero no nos han dejado ver el texto. Dicen que nos van ayudar y yo, de momento, me creo a este ministro”, afirmaba uno de los máximos representantes del taxi ayer por la noche, minutos antes de subirse al AVE para volver a Barcelona.
Nada está cerrado
Taxi y VTC se sentarán en las próximas horas a analizar el real decreto. El primer grupo opta por una reunión en el aeropuerto de Barcelona durante el fin de semana; la junta directiva de Unauto, por su parte, se reunirá para ver si los servicios jurídicos «dan una opinión formada y objetiva» sobre las medidas que el Gobierno eleva al Parlamento.
Según la patronal, el decreto ley (que tendrá que ratificar una mayoría parlamentaria en el plazo de un mes) es «una puñalada» a las VTC en la que dejan la puerta abierta a que las comunidades autónomas «curen la herida» en el futuro.
Es «la puñalada que les pedía el sector del taxi, pero dejándoles agonizar unos años», según Unauto,que cree que los taxistas, sin embargo, se quejaron «porque la estocada no ha sido mortal».
