Competencia desmonta el ‘decretazo’ anti-Uber de Ábalos
La CNMC acusa a Fomento de no justificar los recortes a Uber y Cabify en su decreto ley, la génesis de la nueva normativa de la Generalitat
En plena guerra del taxi contra Uber y Cabify en las dos principales ciudades de España que viven el conflicto, Madrid y Barcelona, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sale al paso para señalar los peligros de regular las autorizaciones VTC — las que utilizan los vehículos de estas plataformas — bajo el marco normativo que estableció el Gobierno el pasado mes de septiembre.
El real decreto que articuló el ministro socialista José Luis Álabos para calmar los ánimos de los taxistas, que habían bloqueado las principales ciudades de España durante el verano, limita a los vehículos VTC de manera injustificada, según Competencia.
“Estas restricciones no han sido convenientemente justificadas desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad”, establece el regulador en su documento [consultar aquí], fechado el 17 de enero, un día antes de que el taxi se proclamara en huelga indefinida en Barcelona. Competencia basa su trabajo en exigir una regulación global efectiva para los colectivos afectados: consumidores, vehículos VTC y taxis.
El decreto de la Generalitat, ¿en peligro?
El decreto de Ábalos fue respaldado en octubre por el Congreso de los Diputados, con la condición de que se tramitara como proyecto de ley. La normativa, a nivel nacional, planteaba un periodo de cuatro años a partir del cual las VTC solo podían operar en trayectos interurbanos.
Y, el segundo punto, el más importante, es que se habilitaba a las comunidades autónomas a regular otros aspectos de los servicios de estas compañías. Es por ello que las conclusiones de Competencia son importantes, ya que el decreto ha servido como marco jurídico para que la Generalitat, al igual que el resto de comunidades autónomas, tengan capacidad para introducir sus propias restricciones a estos coches.
La CNMC ve «injustificado» establecer un mínimo de tiempo de precontratación
Una de las conclusiones más llamativas es sobre el tiempo de precontratación. «La obligación de prestar el servicio de forma precontratada supone un obstáculo injustificado para las VTC«, explica el documento, en una clara alusión a la medida que quiere imponer el gobierno catalán: una hora de precontratación para los usuarios que quieran utilizar Uber y Cabify. «Es recomendable que la regulación autonómica y local elimine esta limitación, que se aplica a las VTC pero no al taxi», añaden.
La ACCO marca el camino
La advertencia de Competencia es el último toque de atención que han recibido las administraciones en la guerra que el taxi mantiene con Uber y Cabify. La Generalitat, que reclamó competencias para poder atar en corto a estas plataformas de movilidad, ha recibido críticas por parte de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), homólogo de la CNMC en la región.
El pasado lunes, ante las nuevas movilizaciones de los taxistas, la ACCO volvió a ser tajante. En un comunicado, el organismo regulador de Cataluña advirtió de que “el establecimiento de la obligación de precontratar el servicio con una anticipación determinada (sean 15 minutos o una hora), así como la prohibición de hacer uso de sistemas de geolocalización, supone la introducción de ineficiencias artificiales e injustificadas que, en último término, perjudican a los usuarios”.
Críticas al taxi
No es la primera vez que Competencia atiza al sector del taxi. Lo ha hecho en diferentes estudios, como en este de 2016, en el que echó por tierra parte de sus quejas, señalando el precio desorbitado que habían alcanzado sus licencias, que se comercializan en el mercado secundario.
Este jueves lo ha vuelto a hacer, además, parapetándose detrás de terceros organismos, como la OCDE. “Las restricciones sobre la entrada al sector del taxi constituyen una restricción injustificada sobre la competencia. La captura regulatoria frecuentemente significa que esta clase de restricciones llevan a grandes transferencias de bienestar de los consumidores a los operadores, a distorsiones económicas y pérdidas de bienestar», explican al citar a la entidad internacional.
Otra de las críticas de la CNMC apunta al estancamiento en la oferta de licencias de taxis durante estos años. «El estancamiento de licencias de taxi resulta poco coherente con la evolución experimentada por otras variables en este mismo periodo», empiezan. Así, mientras el número de licencias de taxi se ha mantenido constante durante el periodo 1994-2018, la población en España ha aumentado un 18% y la renta per cápita de los españoles ha crecido un 40%. A ello hay que sumar que la entrada de turistas ha crecido a un ritmo anual del 30%.
