Colau atrapa a Uber y Cabify con el reglamento más prohibitivo de España
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) da luz verde a la normativa más restrictiva de España para los vehículos de Uber y Cabify
Ada Colau golpea a Uber y Cabify. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha dado luz verde a un reglamento más restrictivo por el que los coches de arrendamiento con conductor (VTC), los que utilizan estas tecnológicas, puedan operar en la capital catalana y los otros 35 municipios que comprenden esta demarcación en las mismas condiciones que en el resto de España.
Todo apunta que la normativa terminará en los tribunales: Colau se ha erigido con la capacidad de otorgar una licencia urbana que será indispensable para que los vehículos que ya cuentan con un permiso VTC puedan circular, pero diferentes fuentes ya apuntan que lo que ha hecho es sobrepasar sus competencias al saltarse al Ministerio de Fomento.
El documento ha sido aprobado con los votos de Barcelona en Comú, PSC, Pdecat, ERC y la CUP –Ciudadanos y PP se han abstenido– y deja claro que «cada autorización de actividad tiene un único titular y está referida a un vehículo concreto», en el que debe «constar la matrícula, el número de bastidor y el resto de datos que se consideren necesarios para su identificación».
Desde la patronal de vehículos de arrendamiento con conductor, Unauto, ya advirtieron de que este reglamento, que no modifica sustancialmente las líneas dibujadas en el borrador, terminaría en los tribunales. Tampoco gustó a Uber, que regresó recientemente a la capital catalana, ni a Cabify, que cuenta con una flota cercana a los 250 vehículos.
Antaxi pide que la normativa de Colau se extienda en el resto de España
La normativa sí ha sido celebrada por el sector del taxi. La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha aplaudido la medida y ha exigido que “Fomento desarrolle las normas pertinentes para que esta licencia urbana se extienda al resto de comunidades autónomas”, es decir, que se extienda en el resto de España.
El nuevo reglamento llega un mes después de que el Tribunal Supremo enterrase el conflicto que enfrentaba Uber y Cabify contra el taxi. La justicia determinó que ambos modelos deben convivir y, por tanto, blindó dos normas.
La primera, la proporción de 1 vehículo VTC por cada 30 vehículos de taxi –sobrepasado en la mayoría de comunidades autónomas–, y la segunda, la proporción «de territorialidad 80/20», por la que no más del 20% de vehículos con licencia presten su actividad fuera de la comunidad autónoma en la que obtuvieron dicho permiso.
Ambas medidas fueron respaldadas semanas antes desde el Gobierno del Partido Popular, que recurrió a un decreto-ley exprés y, poco después, lo elevó a rango de ley tras obtener el apoyo parlamentario suficiente en el Congreso de los Diputados.
