El Gobierno pincha la burbuja VTC para frenar a Uber y Cabify

Punto de inflexión en la batalla de Uber y Cabify contra el taxi. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto que ata en corto la reventa de licencias VTC para que no supere los límites marcados por la ley, ni tampoco contribuya a un movimiento especulativo de los usuarios y las plataformas.

Fomento explica que ha desarrollado esta norma para una «mejorar la regulación» en el sector de las VTC, además de «asegurar así su convivencia ordenada» con el del taxi. 

Y es que ya van cinco enfrentamientos desde que las tecnológicas empezaran a ganar terreno al taxi. Los dos primeros se remontan a junio y julio de 2014, en ciudades Barcelona, Madrid,  París, Londres o Berlín. Dos meses después, la batalla se reactivó en Madrid, donde terminaron quemando coches de Uber. Los últimos dos episodios de violencia llegaron en febrero de 2016 y en noviembre de este año. 

Medidas contra la burbuja VTC: impedir la reventa y abrir un registro nacional de solicitantes

Pero el punto más importante para el Gobierno es frenar la especulación. Para ello, la norma introduce una disposición que «impide la transmisión de autorizaciones» durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento original.

A comienzos de junio había activas en España 5.737 licencias para VTC, frente a las 64.000 de taxi. Esta cifra —el doble de lo registrado en el año 2014— responde a un aluvión de concesiones entregadas por sentencias judiciales.

En manos de unos pocos

Un grueso de VTC está en manos de unos pocos pese a que el sector está liberalizado. Lo que provoca un estrangulamiento de la oferta y, consecuentemente, una subida de los precios de estas licencias.

Así, en España, sociedades como Ares Capital —investigada por la Fiscalía de Málaga ante una posible especulación con las autorizaciones— Cibeles Comfort Cars, Gesstaxi o Maxi Mobility Transporte de Viajeros SL —filial de la misma Cabify— concentran gran parte del número de licencias. 

Por ello, el Gobierno contempla ahora la creación de un registro único a nivel estatal, al que deberán comunicarse los servicios con carácter previo a su realización. Según el ministerio, este registro «facilitará la labor» de los servicios de inspección, asegurará la precontratación y evitará la captación de viajeros por las vías públicas, aeropuertos o estaciones.