Coca-Cola: el impuesto catalán a los refrescos “no saldrá”
Marcos de Quinto señala que no se pueden diseñar tasas “discriminatorias ni caprichosas”
Coca-Cola está convencida de que el impuesto diseñado por Esquerra (ERC) para gravar las bebidas refrescantes se quedará en el cajón.
Sus argumentos se basan en la jurisprudencia internacional, que se está dando en casos similares alrededor del mundo. El más reciente, en Nueva York (EEUU).
“Estamos convencidos de que no se llevará a la práctica”, explica el presidente español de la multinacional, Marcos de Quinto.
“Un tribunal, aunque estadounidense, ha dicho que no se pueden hacer impuestos discriminatorios ni caprichosos”.
Sin seriedad
“Si existe un problema, como el azúcar, no se puede gravar en un formato y en otro no. A un helado no le pongo un impuesto pero a Coca-Cola, sí. Estas cosas no son serias”, se lamenta el ejecutivo.
Una sentencia obligó el lunes al alcalde neoyorquino, Michael Bloomberg, a anular una tasa similar a la planteada por ERC dentro del pacto de gobernabilidad en Catalunya. Bloomberg se fijaba en determinados tamaños de bebidas azucaradas.
La decisión judicial contraria al alcalde ha terminado de sembrar las dudas en el Palau de la Generalitat sobre la viabilidad de aplicar en Catalunya la tasa a las bebidas refrescantes.
Demandas
La problemática en EEUU llegó hasta los tribunales por las demandas de los fabricantes y distribuidores. La filial española de Coca-Cola aún no ha fijado su hoja de ruta si Catalunya, finalmente, establece el nuevo impuesto.
De Quinto no ha revelado su estrategia, pero tampoco descartó acudir a la justicia. Si decide dar el paso, Coca-Cola no estará sola en España. Recibirá el respaldo de Pepsico –su principal competidor– y del gobierno estadounidense.
El embajador del país en España, Alan Solomont, ha formalizado una queja en el Palau de la Generalitat, según informó Economía Digital.
Queja diplomática
El diplomático argumentó que otros fabricantes de productos azucarados se librarían de la mayor presión tributaria. El gobierno de Estados Unidos interpretaría la acción como una lesión contra sus intereses.
