Dudas en la Plaça Sant Jaume sobre el impuesto a las bebidas
Una sentencia del Estado de Nueva York conocida el lunes en la que anula la prohibición del alcalde de la ciudad estadounidense, Michael Bloomberg, de determinados tamaños de bebidas azucaradas ha acabado de sembrar las dudas en el Palau de la Generalitat sobre la viabilidad de aplicar en Catalunya un nuevo impuesto a las bebidas refrescantes.
Algunos de los más estrechos colaboradores de Artur Mas dudan de esa figura tributaria, impulsada por ERC en el marco de los acuerdos de gobernabilidad, sólo es defendida en CiU por el conseller Andreu Mas-Colell que ve en el impuesto una forma de mejorar la recaudación pública.
La marcha atrás de los americanos nace de las demandas judiciales de los fabricantes de refrescos y los distribuidores. El juez del Tribunal Supremo de Nueva York ha calificado en su sentencia la medida de “arbitraria” y “caprichosa”. Salvando las distancias y legislaciones, algunos juristas del entorno presidencial temen que la presión del sector acabe poniendo a la Generalitat en un ridículo semejante. De entrada, Mas ha recibido ya las quejas formales del embajador de Estados Unidos en España, que ha defendido la injusticia del impuesto que afecta sobre todo a Coca-Cola y Pepsi, dos multinacionales de su país.
Entre otras argumentaciones señalan que el ideado por ERC y CiU salva a las empresas catalanas de la alimentación que fabrican productos azucarados mucho más nocivos para la salud, como la bollería industrial, entre otros.
