Los empresarios temen un rebrote político contra la reforma laboral

Numerosas provincias españolas darán este lunes un nuevo paso en la desescalada, en el que se permitirán reuniones sociales y apertura de terrazas. Un paso que también es el comienzo para ir aligerando el golpe económico que la pandemia del coronavirus está provocando en nuestro país.

Por el momento, sindicatos, patronales empresariales y el Gobierno han pactado dar continuidad a los ERTE hasta el 30 de junio -parece que es la fecha en la que el Ejecutivo espera en principio dar por finalizado el estado de alarma -, con el objetivo de ir recuperando trabajadores poco a poco y con el compromiso de revisar si los sectores más afectados -turismo, hostelería o restauración son algunos de ellos-, necesitan de apoyos añadidos a lo largo de los próximos meses. No se descarta que existan algunas industrias que necesiten apoyo más allá de 2020, por lo que estos planes de sustento ya entrarían en la fase de reconstrucción. 

En paralelo, esta semana se ha formado la Comisión para la Reconstrucción vio la luz el lunes pasado y, según su presidente, el socialista Patxi López, el trabajo tendrá que cerrarse en dos meses. Aunque la creación de esta comisión parlamentaria fue pactada entre PSOE y PP, el giro de Ciudadanos al apoyar la continuidad del estado de alarma -posterior al acuerdo de creación de la comisión- podría cambiar las alianzas y los pactos. Inés Arrimadas, líder de C’s ya ha tendido la mano a los socialistas para poner en marcha unos presupuestos de emergencia. 

Esas nuevas alianzas también serán una prueba también para ver hasta dónde el PSOE y Unidas-Podemos están dispuestos a imponer su programa a pesar de la crisis sanitaria. La formación que lidera Pablo Iglesias se ha dado prisa en incluir la renta mínima en la factura de gasto estructural –María Jesús Montero, ministra de Hacienda, confirmó este viernes que se abonará a partir de junio- y se teme que pueda retomar otros proyectos, como su amenaza de derogación de la reforma laboral. Como tal, esta no existe en el programa de Gobierno, pero Unidas-Podemos de vez en cuando lo recuerda.

Por ejemplo, hace pocos días, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, señaló en una entrevista, que una vez que lo permitiera la pandemia, retomarían el objetivo de derogarla. Este objetivo, sin embargo, no es compartido por la vicepresidencia económica –Nadia Calviño ha insistido muchas veces en que se retocarían las partes más lesivas y que se analizaría el impacto de cualquier reversión de estas medidas-, unas apreciaciones que, sin embargo, Díaz parece no tener en cuenta. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha llegado a defender la reforma incluso en el Financial Times.

Alerta por la necesidad de crear empleo

Las palabras de la ministra, causaron pavor durante la toma de posesión de su cartera, es un aviso para los empresarios que parece que prefiere que no se aborden cambios en esta norma en pleno proceso de recuperación económica, en la que será necesario crear empleos. Aunque con los ERTE se consiga frenar el crecimiento del desempleo, se anticipa que la tasa de paro podría quedarse entre el 18,3 y el 21,7% este año y colocarse entre el 17,5 y el19,9% el siguiente, según el Banco de España, por lo que contar con medidas que faciliten las contrataciones parecen claves. Así, tanto BBVA Research como Funcas coinciden en que los niveles de desempleo del cuarto trimestre de 2019 serán difíciles de recuperar hasta 2023.

De forma muy sutil, la CEOE también ha colado que mantener esta normativa es un punto muy importante para consolidar la recuperación de la economía, aunque no la cita directamente. «Se ha de evitar, en la medida de lo posible, revertir las reformas estructurales realizadas en la anterior crisis, y que funcionan adecuadamente, para evitar introducir rigideces adicionales y destruir parte de la resilencia y la competitividad conseguida por nuestro tejido empresarial», recoge su estrategia para la reconstrucción de España publicada la semana pasada.

La otra petición es que no se toquen los impuestos, pero parece que es un ruego que nace muerto, porque son ya numerosas las ocasiones en las que María Jesús Montero se ha referido a que planea elevarlos, entre otras razones, para reducir el déficit el año que viene. No obstante, la CEOE también pide «evitar, en la medida de lo posible, incrementos de impuestos en un contexto como el actual y como el que vendrá, ya que pueden lastrar el proceso de adaptación y destruir el tejido empresarial».