La lentitud del pacto de reconstrucción da pánico a los empresarios

Si realizásemos un test rápido y preguntásemos vía Twitter qué se conoce de la Comisión para la Reconstrucción de la que debe nacer un pacto sobre el que reconstruir la economía española tras el coronavirus, es probable que lo que más se recuerde es el vídeo viral del enfrentamiento entre Pablo Iglesias y el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y la tristemente célebre fase del vicepresidente del Gobierno de «cierre al salir».

España se está jugando el futuro de varias generaciones en esta crisis -la mayor desde la Guerra Civil– y, por el momento, las conclusiones y las propuestas consensuadas que debían ver la luz brillan por su ausencia. Es cierto que las sesiones se suceden, pero también que de nuevo, como en el caso de los planes de incentivo para el turismo, nuestro país vuelve a quedarse a la cola.

Mientras que Italia acaba de presentar un programa con más de 100 medidas para reactivar y reformar la economía tras el pandemia, España sigue acumulando comparecencias y crispación política en las sesiones de una comisión en la que todos los partidos deberían demostrar sus ganas de acercar posturas: y esto es algo que preocupa a las empresas.

Fuentes consultadas reconocen que a medida que pasan los días aumenta el pánico a que la Comisión no dé los frutos esperados, entre otras razones porque los partidos políticos en vez de buscar puntos de acercamiento, están utilizando que las reuniones son públicas para dar rienda suelta a sus arengas.

El presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, de manera tímida y tratando de esquivar la polémica, pedía la semana pasada al Gobierno que evitara cometer «errores». La banca sabe que una crisis prolongada podría provocar graves problemas de morosidad. Las entidades financieras están mucho más saneadas que hace años, pero están asumiendo riesgos que podrían convertirse en un problema de solvencia a largo plazo si no se consigue una recuperación sostenida.

Fuentes del mercado apuntan que el sector no está tan preocupado por la recesión de 2020, sino por cómo de fuerte será la recuperación de 2021. Esa reactivación marcará la morosidad, no solo de las familias (más acusada cuánto más alto sea el paro), sino también empresarial.  

Aunque la pandemia remita y la Covid-19 no golpee otra vez a la economía como lo ha hecho hasta ahora, empresarios y autónomos está endeudándose para aguantar el parón económico y si impagan, impagarán más. Teniendo en cuenta que en apenas tres meses se han firmado créditos por 65.000 millones de euros solo ligados al programa de avales del ICO, como la economía no se recupere y el tejido empresarial sano no resista, el golpe no será solo para el balance de la banca, sino también para las cuentas públicas que están avalando 50.000 millones (y se llegarán a 100.000).

No parece casualidad que en un contexto en que las fuerzas políticas en el Congreso da pocas respuestas para la reconstrucción de España, la CEOE haya optado por poner negro sobre blanco sobre lo que piden las empresas -un clamor que así llega más fácilmente a Bruselas- con sus macrosesiones de estos días. La relación del Gobierno con la patronal ha pasado por mejores y peores momentos durante el estado de alarma; con el pacto entre el PSOE y EH-Bildu para derogar la reforma laboral.

A pesar de la intervención de Nadia Calviño, algo de desconfianza ha quedado de aquel episodio, que podría haber provocado que este lunes se fallara a la hora de cerrar un acuerdo para prorrogar los ERTE hasta septiembre (una medida que desde todos los ámbitos se reclama imprescindible y para la que España contará con fondos europeos a través del SURE).

Banca y energéticas han pedido mantener los expedientes de regulación temporal de empleo, preservar la reforma laboral y evitar los impuestos específicos sobre sectores que puedan restarles competividad frente a los competidores europeos. 

El plan B lo conoce Nadia Calviño

Sin un pacto a largo plazo con el respaldo de los principales países españoles (PSOE y PP), España pierde credibilidad de cara a los mercados. Fue el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el primero que pidó un proyecto a largo plazo, capaz de aguantar varias legislaturas, que es lo que le puede costar a España recuperar los niveles de endeudamiento de 2019.

La voz de Hernández de Cos -que no debería chocar mucho con el consenso interno del Banco Central Europeo-, no es anecdótica. La AIReF y los economistas de Fedea también están pidiendo reformas a largo plazo que díficilmente se podrán afrontar sin un acercamiento y compromiso entre las dos principales fuerzas políticas españolas, que tengan un plan creíble y firme que vender a los inversores.

El Gobierno, sin embargo, parece que tiene un plan B, que es tirar adelante sus propuestas directamente a Bruselas. Nadia Calviño tiene muy claro qué es lo que pide Europa para ir liberando fondos de reestructuración -si se aprueban- y María Jesús Montero siempre se ha mostrado dispuesta a presentar un nuevo Proyecto de Presupuestos.

Con este escenario, el consenso para la reconstrucción -muerta y enterrada la Comisión-, se asentará sobre las arenas movedizas de contentar a Unidas-Podemos (a ver cómo digiere el tijeretazo al déficit que tendremos que dar en 2022), y los falsos pilares de ERC y Cs.

Una estructura demasiado débil para afrontar unas elecciones generales muy complicadas en 2023, tras las que algunos políticos dejarán el Gobierno lavándose las manos, pero de las que las empresas y los españoles no nos podremos evadir.